Estudiantes de Ayotzinapa y representantes del Gobierno del estado de Guerrero iniciaron un proceso de diálogo luego de las protestas que han tenido lugar desde el jueves, cuando un estudiante fue asesinado en un presunto enfrentamiento con la Policía Estatal.
Las protestas llevadas a cabo por los estudiantes mexicanos han dejado tres patrullas incendiadas, dos de la Guardia Nacional y una de la Policía del Estado, y han generado preocupación en la ciudad capital de Guerrero, Chilpancingo, ante la posibilidad de un endurecimiento de las medidas.
Las oficinas del Gobierno estatal permanecen con mayor vigilancia policial y las instalaciones del Poder Ejecutivo han sido protegidas ante el temor de destrozos; los equipos de cómputo y documentos fueron sacados, y se han colocado vehículos y muros de contención en los alrededores para evitar posibles disturbios.
Este domingo, dos autobuses con estudiantes normalistas llegaron a Chilpancingo, junto con una camioneta tipo van, deteniéndose cerca de las oficinas gubernamentales, donde tuvieron un primer encuentro con el secretario de Gobierno estatal, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros.
Tras la reunión al exterior de las oficinas protegidas, ambas partes se retiraron; el secretario de Gobierno expresó que comenzaban el proceso de diálogo y que informarían sobre los acuerdos alcanzados.
Posteriormente, la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, manifestó en sus redes sociales que su administración no persigue ni perseguirá movimientos sociales, y que la estabilidad social y el bienestar del pueblo son prioridades.
La Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) expresó su solidaridad con los normalistas y se mostró dispuesta a sumarse a las movilizaciones en Guerrero para exigir justicia.
En octubre de 2014, estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, acompañados por integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y otras organizaciones, irrumpieron en Palacio de Gobierno e incendiaron parte del edificio tras la desaparición de 43 normalistas en Iguala, la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre.
En el caso del estudiante de Ayotzinapa asesinado el jueves pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso por posibles violaciones a los derechos humanos, mientras que la Fiscalía General del Estado de Guerrero está investigando a policías por el posible homicidio del joven mexicano.
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