“¿Este edificio de aquí cuál es? ¡Exprópiese!”
Hugo Chávez
En un país con tantos problemas de salud y económicos parecería intrascendente el intento del gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, de expropiar el Club Campestre de Tijuana. El hecho se vuelve relevante, sin embargo, por lo que nos dice acerca del desprecio de los nuevos populistas por los derechos de propiedad.
En su conferencia de prensa del 26 de enero Bonilla arremetió, como es su costumbre, contra el también morenista alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, quien decidió retirarse de una mesa de seguridad creada por el gobernador. Dijo: “Les quiero dar una noticia, a raíz de todo este tema: ¿A dónde ha llevado este señor al Campestre? No pagar el predial, no pagar el agua, omitir sus responsabilidades. Le estoy dando instrucciones al secretario general [de gobierno, Amador Rodríguez Lozano,] de ver la posibilidad de expropiar el Campestre, para beneficio público. Si hay necesidad de parques, de pulmones, que se han robado, tenemos que recuperarlos, y el Campestre no tiene ningún beneficio social”.
La lógica del gobernador es muy preocupante: González Cruz toma decisiones como alcalde con las que no estoy de acuerdo, fue presidente del Club Campestre, que tiene adeudos de predial y agua, ergo, voy a expropiar el club para beneficio público, porque ellos “se han robado” los parques y pulmones, y además el club no tiene beneficio social.
No hay que ser Aristóteles para ver las falacias. González Cruz podrá ser un buen o mal alcalde, pero el que haya sido presidente de un club privado no tiene nada que ver. Si el club debe predial o agua, cosa que no está comprobada, su responsabilidad es pagar el adeudo, pero la expropiación no puede aplicarse como castigo por morosidad. El club, por otra parte, no se ha robado el aire, ni tiene por qué ofrecer un beneficio social.
Bonilla ha tomado una página del manual del presidente López Obrador para avalar esta insólita expropiación. Hizo una “consulta” en Facebook con una pregunta amañada: “El Club Campestre, desde su origen, no ha proporcionado ningún beneficio social a la comunidad de Tijuana. ¿Estarías de acuerdo en su expropiación para fines de interés público y convertirlo en un bosque o parque para la ciudad?” Se recibieron solo 875 respuestas, pero el 77 por ciento favoreció la expropiación. Esta es ahora la justificación popular de la medida.
La expropiación generará incertidumbre jurídica en Baja California y en el país. Confirmará que los gobiernos de la Cuarta Transformación están decididos a violar los derechos de propiedad de quienes se oponen a sus designios. No serán distintos a un Hugo Chávez que avanzaba por las calles lanzando gritos de “¡Exprópiese!” a las empresas o edificios que le llamaban la atención, los cuales después se deterioraban por falta de mantenimiento.
Un socio de tres generaciones del Campestre me comenta: “No hay base legal, ni social, ni mucho menos ética de una acción de estas características. Si algún gobierno me paga el valor comercial, con mucho gusto firmo, pero serían alrededor de 250 mil dólares”.
Una expropiación conforme a la ley, que pague el multimillonario valor en dólares del predio de 50 hectáreas y sus instalaciones, sería un enorme desperdicio de recursos en un estado que necesita mejorar su infraestructura y proporcionar servicios de salud a una población agobiada por el covid. Es un gasto inaceptable solo para satisfacer la sed de venganza de un gobernador contra un alcalde. Ahora que si Bonilla busca un pretexto para no indemnizar a los propietarios pese a que lo ordena la ley, no estaría expropiando, sino robándose el Club Campestre.
Sin vacunar
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Twitter: @SergioSarmiento
Agencia Reforma
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