Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, aseguró que el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Tamaulipas no es igual a lo ocurrido en la masacre de San Fernando ocurrida en 2010.
ONU comparó a Camargo con San Fernando
Ayer, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) indicó que estos recientes hechos recuerdan a las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y Cadereyta, Nuevo León, en 2012, donde los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación.
“Por ningún motivo es igual que lo que sucede en San Fernando. Todos los días a partir de que sucedió este evento hemos estado en el Gabinete de seguridad viendo los avances que se tienen sobre esta situación, y te puedo decir con mucha seguridad que se ha avanzado y que se ha avanzado muchísimo, que tenemos mucha información, mucha información.
“Tenemos mucha información, pero sí te aseguro algo, no es un San Fernando”, expresó Sánchez Cordero.
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En conferencia en Palacio Nacional, la titular de la Segob aseguró que no habrá impunidad en este caso.
“Estamos avanzando la investigación de manera contundente. Y, desde luego, que no va haber impunidad, eso sí, y también la identificación de los cuerpos, eso también”, agregó.
El pasado 23 de enero, los cuerpos de 19 personas fueron hallados calcinados luego de un presunto enfrentamiento armado en el Municipio de Camargo, en la llamada frontera chica que colinda con Nuevo León.
De los 19 cuerpos, 15 fueron encontrados en la caja de una camioneta pick up y el resto en la cabina y sus alrededores.
Buscan que FGR atraiga caso de calcinados en Tamaulipas
Once organizaciones civiles presentaron una denuncia penal para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación de los 19 cuerpos calcinados en Camargo, Tamaulipas.
En el escrito, dirigido al Fiscal General Alejandro Gertz Manero, se plantea la posibilidad de que las víctimas sean migrantes guatemaltecos y que en los hechos habrían participado agentes estatales.
“Quienes suscribimos la presente denuncia, consideramos que existe competencia federal, y en particular de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, dada la posible configuración de delitos federales, la calidad de los sujetos pasivos, y la posible falta de condiciones para que la investigación se lleve a cabo de manera adecuada e imparcial, debido a la posible participación en los hechos, de autoridades locales”, indican.
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y el Instituto para las Mujeres en la Migración, entre otras organizaciones, argumentan que los migrantes guatemaltecos podrían haber sido víctimas de desaparición forzada, secuestro, tortura y ejecución, delitos federales que se persiguen de oficio.
El viernes pasado, autoridades de Tamaulipas hallaron 19 cuerpos calcinados, varios en los asientos de una camioneta de carga y el resto en la caja trasera de la unidad, en la llamada frontera chica, colindante con Nuevo León.
Hasta el momento, los hechos son investigados por las autoridades estatales.
Las organizaciones, entre ellas también la Asociación de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecido de Guatemala, advirtieron que el caso denunciado se inscribe en un contexto de macrocriminalidad, violencia generalizada, violaciones constantes a los derechos humanos de las personas migrantes.
Por lo que también pidieron a la FGR garantizar un adecuado levantamiento, traslado y resguardo de los restos, fijando la cadena de custodia.
“Garantizar la realización de todos los estudios periciales necesarios, genética, antropología, odontología, entre otros, para asegurarse de la identificación efectiva de los restos, modo y causa de muerte”, plantearon.
“Que ningún resto sea entregado si no se tiene plena certeza sobre la identificación científica de los mismos”.
Agencia Reforma
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