La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP) presentaron una demanda contra la ley SB4 de Texas, firmada por el gobernador Greg Abbott.
La demanda alega que la ley es inconstitucional, violando la Cláusula de Supremacía de la Constitución de EU.
La SB4 otorga a policías y jueces de Texas la facultad de detener y deportar a migrantes sin el debido proceso.
La ACLU-Texas y el TCRP representan a Americas Immigrant Advocacy Center, American Gateways y el condado de El Paso en esta acción legal.
Adriana Piñón, directora legal de la ACLU-Texas, señaló que la SB4 es una de las “más extremas del país” y perjudica a las comunidades de color e inmigrantes.
Rochelle Garza, presidenta del TCRP, afirmó que la demanda busca bloquear la entrada en vigor de la ley, programada para el 5 de marzo.
“Texas no tiene el poder de implementar sus propias leyes de inmigración. No dejaremos que esto siga así”, explicó.
La ley SB4, firmada por Abbott el lunes pasado, permite a jueces en Texas ordenar la deportación de una persona sin considerar su elegibilidad para buscar asilo u otras protecciones humanitarias.
La demanda sostiene que esto viola la ley federal. La ACLU-Texas y el TCRP argumentan que la SB4 es inconstitucional porque pasa por alto la ley federal.
Abbott firmó tres leyes antiinmigrantes, incluyendo la SB4, que otorgan poderes de detención y deportación a policías y jueces de Texas.
Otra ley asigna mil 540 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo y financiamiento de operaciones de seguridad. La tercera ley establece una pena mínima de 10 años por tráfico de migrantes.
Abbott criticó al presidente Joe Biden por tener una política de “fronteras abiertas” y culpó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por no detener a los migrantes.
Las leyes antiinmigrantes de Abbott podrían generar descontento entre los aproximadamente 12 millones de hispanos en Texas, el mayor grupo demográfico del estado con el 40.2% de los alrededor de 30 millones de habitantes.
Las organizaciones demandantes buscan bloquear la entrada en vigor de la SB4, programada para el 5 de marzo.
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