“Los testigos protegidos en México no son protegidos; no se protege simplemente su identidad, son testigos beneficiados”.
Juan Velásquez
El presidente López Obrador reconoció ayer que las declaraciones de un testigo protegido identificado como “Juan”, que supuestamente cambian la visión de lo sucedido en la noche de Iguala del 26 al 27 de septiembre de 2014, sí forman parte de la investigación: “Eso que publicó el Reforma está en el expediente de la Fiscalía -declaró–. No sé cómo lo obtuvieron, pero es real, o sea, no es apócrifo”.
El mandatario aprovechó la declaración para argumentar a favor de su versión de lo sucedido esa noche, que coincide con la de los líderes del movimiento de Ayotzinapa: “Lo que cada vez es más evidente -dijo– es que se fabricó la versión que originalmente se le presentó al pueblo de México de que los jóvenes los habían agarrado y los habían quemado en un basurero. Eso ya todo indica de que no obedece a lo que sucedió, que no es real, que hay otras versiones y es lo que se está investigando”.
Nadie ha explicado cómo el presidente, que no es parte en la investigación, tuvo acceso al expediente. El propio fiscal, Alejandro Gertz Manero, ha dicho que no puede, por el sigilo de ley, ni confirmar ni negar contenidos de la investigación. Quizá la FGR no es tan autónoma de la Presidencia como nos han dicho. El tema de fondo, sin embargo, es qué tanta credibilidad podemos conceder a las declaraciones de un testigo “protegido” o “colaborador”.
En el pasado los testigos tenían que ser, por ley, personas de “buena fe”. Para enfrentar al crimen organizado en Italia se empezaron a utilizar testimonios de miembros de las propias organizaciones criminales, que ofrecían declaraciones contra sus jefes a cambio de protección y beneficios judiciales. La figura de estos testigos pasó a Estados Unidos y más tarde a México. Sin embargo, han dejado de ser únicamente protegidos; hoy pueden ser beneficiados o simplemente comprados.
Si bien estos testigos han permitido procesar a muchos capos del crimen organizado, usualmente declaran lo que les pide el fiscal. Este es el pago para obtener sus beneficios. Por eso hay que tener mucha cautela ante sus declaraciones. Lo que dicen debe ser siempre confirmado por otras pruebas.
El testigo “Juan” — que el exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, identifica como Gildardo López Astudillo, el Gil, de Guerreros Unidos-está diciéndole al gobierno lo que quiere oír, una versión de los hechos coincidente con la del movimiento de Ayotzinapa. Por eso el presidente aplaude que afirme que los normalistas fueron cremados en hornos y no quemados en el basurero de Cocula. Omite, sin embargo, que este mismo testigo acusa de responsabilidad y corrupción a Omar García Harfuch, el secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, gobernada por Morena. García Harfuch ha negado tajantemente las afirmaciones.
Ahora bien, los restos óseos hallados en el basurero de Cocula presentan “afectación térmica diferenciada”: algunos están calcinados, otros carbonizados, unos más ahumados. Esto es congruente con una incineración en un medio no controlado, pero no en un crematorio, donde se obtiene una calcinación sistemática.
El presidente descalificó, sin pensar demasiado, los testimonios de los testigos protegidos que declararon contra el general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos. Le concede credibilidad, en cambio, a uno que ofrece una visión cercana a su ideología de los hechos de Iguala, aunque no se le advierte ninguna prisa de actuar en contra de García Harfuch. Solo les cree a los testigos comprados cuando dicen lo que quiere escuchar.
Berrinches
Muchas de las medidas ordenadas por Donald Trump, como la salida de Estados Unidos de la OMS, eran simples berrinches. Joe Biden empieza a regresar a la normalidad. Para empezar, EUA se queda en la OMS.
Twitter: @SergioSarmiento
Agencia Reforma
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