La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, lo que ha generado una fuerte reacción por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Según esta última, la acción de la Corte representa un riesgo para la democracia y el equilibrio entre los poderes.
Mediante un comunicado oficial, la Consejería Jurídica argumentó que al declarar la inconstitucionalidad de la ley debido a supuestos vicios de procedimiento, la SCJN se está extralimitando en sus funciones y usurpando el papel del Poder Legislativo.
“La SCJN debe respetar los procedimientos internos del Poder Legislativo, así como éste y el Ejecutivo lo hacen con el Poder Judicial. De lo contrario, los contrapesos se convierten en instrumentos autoritarios que rompen el equilibrio entre los poderes establecidos en la Constitución”, afirmó la Consejería Jurídica en su comunicado.
La dependencia gubernamental advirtió que si la Corte continúa actuando de esta manera, se pone en peligro la democracia y se crea una situación de incertidumbre jurídica que obstaculiza el funcionamiento efectivo de los otros poderes del Estado, lo cual va en detrimento del necesario equilibrio de poderes que debe prevalecer en un Estado democrático constitucional.
La invalidación de la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad se llevó a cabo esta mañana por decisión del Pleno de la Corte, con ocho votos a favor. En su fallo, se determinó que se cometieron múltiples violaciones al proceso legislativo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
En respuesta a esta decisión, la Consejería Jurídica del Ejecutivo acusó a la Corte de violar los artículos 17 y 49 de la Constitución. Respecto al artículo 17 constitucional, señaló que la SCJN está incumpliendo su deber de resolver sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas y declara su invalidez basándose en supuestas violaciones a formalidades procedimentales de carácter reglamentario.
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