La Consejería Jurídica de la Presidencia pidió formalmente a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Lucía Piña, que resuelva la constitucionalidad del decreto que expidió la ley general de comunicación social el 11 de mayo de 2018, para que luego se analice la validez de la reforma a dicha norma, incluida en el Plan B de reforma electoral.
Recordó que la ley fue aprobada antes del inicio del proceso electoral 2017-2018, por la mayoría parlamentaria del PRI y el PAN, lo cual fue cuestionado por la minoría en el Senado, la Comisión nacional de derechos humanos y movimiento ciudadano, al considerar que existieron vicios en el procedimiento legislativo que algunas disposiciones no son acordes a la Constitución.
“La solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México”, se lee en el comunicado.
Indicó que al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad, la SCJN consideró que la ley impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta, contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad por las leyes aprobadas en diciembre de 2022.
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