Ciudadanos de Querétaro se manifestaron en el Palacio de Gobierno para exigir que se dé marcha atrás a la Ley de Aguas aprobada por el Congreso local.
Manifestantes de distintos municipios de la entidad se dieron cita en la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, donde entregaron una solicitud al ombudsperson, Javier Rascado Pérez, para que solicite una acción de inconstitucionalidad respecto a esta ley.
Los manifestantes pidieron que se desechen las carpetas de investigación en contra de los manifestantes que fueron detenidos la semana pasada en un acto de protesta que fue disuelto de manera violenta por policías estatales.
Asimismo, recabaron firmas con la intención de ingresar un amparo colectivo en contra de los concesionarios privados que prestan el servicio de agua de manera irregular.
El plazo para ingresar la acción de inconstitucionalidad vence el 20 de junio. Este día la Defensoría de los Derechos Humanos de la entidad dará a conocer un informe detallado sobre el análisis de los documentos que fueron entregados por los ciudadanos.
Los distintos colectivos que participaron en la marcha dieron a conocer que el caso fue escalado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a representantes de la ONU, a quienes se les pidió apoyo para dar reversa a esta ley, que argumentan, abre paso para la privatización del agua en Querétaro.
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