La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación a la Fiscalía General del Estado de Veracruz y a su titular Verónica Hernández, por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad y de acceso a la justicia, en agravio a José Manuel del Río Virgen, ya que se acreditó detención arbitraria, imputación indebida de hechos y vulneración al debido proceso y a la debida diligencia.
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El organismo, precisó, además, sobre la violación a los derechos humanos de las personas que viajaban junto con Del Río Virgen, entre ellas una menor de edad, para quienes también se exige la reparación de daños.
“La CNDH documentó que Del Río Virgen fue aprehendido en territorio veracruzano el 22 de diciembre por un grupo de ocho personas quienes apuntaban con armas largas al vehículo y no le notificaron a tiempo el motivo de su detención, además de que lo venían vigilando desde Tuxtepec, Oaxaca, adonde había ido de paseo con su familia”, señaló la Comisión a través de un comunicado.
Detalló que fue enviado a prisión por el juez de control Francisco Reyes Contreras, quien lo vinculó a proceso por el homicidio de René Tovar, candidato a alcalde de Cazones de Herrera, previo a las elecciones pasadas, pero la CNDH acreditó que la autoridad de justicia local informó que la orden de aprehensión fue solicitada luego de que investigaciones realizadas del 19 de junio al 9 de diciembre de 2021 aportaran “nuevos elementos de prueba” en su contra por probable participación en el homicidio.
No obstante, de acuerdo con la CNDH, esos “nuevos elementos de prueba” no fueron más que ampliaciones de declaraciones de testigos, mismas que se rindieron el 20 de octubre de 2021, pero entre la fecha de esos testimonios y la solicitud de la orden de aprehensión, en ningún momento se citó a comparecer a José Manuel para que pudiera ejercer el derecho a una defensa adecuada dentro del Proceso Penal.
Hasta el 22 de diciembre Del Río Virgen tuvo conocimientos de los delitos que se le imputaban, por lo que además de que la autoridad de justicia local no realizó una valoración objetiva de las evidencias que se alegó, “en ningún momento se desprende la participación de José Manuel del Río Virgen en la comisión de un delito, por lo que resulta en una flagrante imputación indebida de hechos”.
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos existen evidencias suficientes para establecer que en el caso de Del Río Virgen hubo violación al derecho humano de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia por parte de la autoridad de justicia local, que supuso la integración de nuevos elementos en su contra para solicitar la privación de la libertad, pues vulneró el derecho al debido proceso y a la debida diligencia.
“Su actuación vulneró el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, al realizar una deficiente valoración de pruebas, desestimando la verdad de los hechos y pretendiendo crear una variante paralela de la realidad abusando de sus facultades y del ejercicio del poder”, agregó la CNDH.
Reparación del daño a Del Río Virgen
La Comisión recomendó a la FGEV y a su titular, Verónica Hernández, se proceda a la reparación del daño a José Manuel del Río Virgen y personas que presenciaron y han padecido su detención arbitraria, mediante una compensación justa y suficiente, por lo que deberán ser inscritos en el Registro Estatal de Víctimas.
Pidió que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz, se les otorgue atención médica y psicológica con personal profesional especializado y medicamentos convenientes a su situación, toda vez que Del Río Virgen tiene un “diagnóstico crónico del tubo digestivo”.
El organismo solicitó a la fiscal estatal colaboración amplia con la Contraloría General de la FGEV en el trámite y seguimiento de la queja y la denuncia de hechos que interpondrá contra los servidores públicos involucrados en los hechos.
También recomendó se imparta un curso integral sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad.
La Fiscalía de Veracruz tiene quince días hábiles, a partir de la notificación, para responder públicamente sobre la aceptación de la recomendación.