La Fiscalía General de la República (FGR) empleó por vez primera las declaraciones de Emilio Zebadúa, el ex Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol en el sexenio pasado que pidió convertirse en testigo colaborador, para imputar penalmente a un ex funcionario por el caso de la Estafa Maestra.
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El organismo imputó ayer ante un juez federal a Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de la Sedatu y ex número dos de Rosario Robles, de un contrato ilegal de 185 millones 839 mil 480 pesos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM), de Hidalgo, como parte de las triangulaciones de dinero conocidas como la Estafa Maestra.
Los dichos del ex Oficial Mayor hasta ahora sólo habían sido ofrecidos como prueba en el juicio de Robles, pero su contenido no había sido usado como dato para una audiencia inicial con la finalidad de imputar y tratar de vincular a proceso a un indiciado, como ocurrió con González Tiburcio.
En una audiencia presidida por Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el fiscal Mario Fonseca Barrera expuso fragmentos de la declaración rendida el 19 de octubre de 2020 por Zebadúa ante la FGR.
En ese testimonio, refirió el fiscal, Zebadúa expone que la Estafa Maestra fue una estrategia mediante la que se desviaron mil 267 millones de pesos para pagar adeudos y compromisos adquiridos durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.
Pero el dinero de la Estafa también para la compra de votos, la operación política electoral del PRI y el pago de campañas de publicidad para promocionar a altos funcionarios de la administración pasada, empezando por el ahora ex Presidente Peña Nieto.
El dinero fue autorizado por la Secretaría de Hacienda, a cargo entonces de Luis Videgaray, para la Cruzada Nacional contra el Hambre, pero dependencias como la Sedatu y la Sedesol la triangularon a través de contratos a universidades estatales y organismos públicos descentralizados, citó el fiscal.
Apoyan en Zebadúa proceso por Estafa
Uno de los convenios generales que Zebadúa menciona como instrumento del desvío es el que se imputó ayer a González Tiburcio por más de 185 millones de pesos, cuyo objeto era automatizar el registro, control y seguimiento de información del Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero.
Según la FGR, este contrato fue un fraude porque no se hizo ninguna entrega.
El ex subsecretario, quien compareció a través de videoconferencia, fue imputado por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, cuya penalidad es de 6 meses a 12 años de prisión.
El caso contra González Tiburcio se basa en que el 4 de enero de 2016 supuestamente suscribió con la UPFIM el convenio, hecho que no solamente él niega, sino que señala como falso, pues desde 2017 denunció que su firma fue falsificada en dicho documento.
El 2 de febrero de 2016, la universidad hidalguense subcontrató a las empresas Asesores Contables Administrativos VICMA, por 139 millones 117 mil pesos, y a Contabilidad y Soluciones INNER, por 42 millones 841 mil pesos.
La FGR argumentó que este acuerdo es indebido porque la UPFIM subcontrató el 97.91 por ciento del monto total del convenio, sobrepasando el tope de 49 por ciento que establece la Ley de Adquisiciones.
Señaló a González Tiburcio por suscribir el acuerdo con la UPFIM sin realizar un estudio de mercado, ocasionando una afectación al erario porque no se contó con una valoración de las condiciones de precio, calidad y financiamiento.
También, atribuyó al ex funcionario no haber verificado que la universidad tuviese la capacidad de respuesta inmediata para el cumplimiento del contrato, ni los recursos técnicos, financieros o humanos, o que sus actividades estuvieran relacionadas con los servicios requeridos.
El ex subsecretario de Estado se reservó ayer su derecho a declarar y, tras requerirlo, el juez le concedió duplicar el término para definir su situación jurídica, por lo que será hasta el próximo sábado cuando Fuerte Tapia decida si lo vincula o no a proceso.
Allegados a la defensa de González Tiburcio cuestionaron que la FGR le haya otorgado validez a los dichos de Zebadúa sin haber investigado si son verificables y sin imputarle una conducta penal a quien consideran es el verdadero responsable de la operación de desvíos millonarios de la Estafa Maestra.
Agencia Reforma