Un juez federal ordenó resolver nuevamente si debe o no ser concedida la prisión domiciliaria o cualquier otra medida cautelar que le permitiera a Rosario Robles continuar fuera de la cárcel su proceso por la supuesta omisión ante los desvíos de la Estafa Maestra.
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Augusto Octavio Mejía Ojeda, Juez Tercero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, instruyó celebrar una nueva audiencia ante un juez de control y que éste decida otra vez si Rosario debe o no continuar su proceso tras las rejas.
Mejía concedió la reposición del procedimiento contra el fallo dictado el 30 de abril de 2020 por Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, quien rechazó concederle el cambio de medida cautelar y le ratificó la prisión preventiva justificada, porque estimó que prevalece el riesgo de fuga.
Según informes del Poder Judicial de la Federación, en caso de que la sentencia del juez Mejía sea confirmada en segunda instancia, la audiencia de reposición deberá llevarse a cabo a partir del momento en que el juez dicta su veredicto, es decir, que no habrá debate entre las partes.
El juez de control, llegado el momento, sólo reconsiderará los argumentos que la defensa de Robles y la FGR vertieron en la audiencia de hace 14 meses y volverá a emitir su veredicto, con base en una fundamentación más detallada.
La sentencia de amparo no significa que la audiencia ante el juez Villar se llevará a cabo en el corto plazo, pues es apenas un fallo de primera instancia.
De hecho, fuentes del Gobierno federal adelantaron que el fallo será impugnado por la FGR, lo que dejará en manos de un tribunal colegiado el fallo definitivo, mismo que tardará varios meses en ser emitido.
Robles también reclamó en este amparo la inconstitucionalidad del articulo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que exige como requisito tener por lo menos 70 años para acceder a la prisión domiciliaria.
Sin embargo, el juez Mejía rechazó concederle la protección de la justicia por lo que toca a ese aspecto. Sólo le concedió el amparo para reponer la audiencia en los términos antes referidos.
Procesa juez a dos por Estafa Maestra; uno trabajó con Robles
En una nueva causa judicial por la Estafa Maestra, un juez federal vinculó a proceso a un ex rector de una universidad pública y a un ex funcionario de la desaparecida Sedesol, por el pago presuntamente indebido de un contrato por más de 319 millones de pesos.
Se trata de Noé Molina Rusiles, ex Rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), y Juan Manuel López Arroyo, ex titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Arturo Medel Casquera, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, procesó a los dos imputados por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, tras una audiencia de casi 18 horas.
El juzgador fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, dentro del cual tanto los imputados como la FGR deberán reunir sus respectivos datos de prueba para plantear su caso.
A los procesados se les concedió la libertad provisional, con la prohibición de salir del país y presentarse periódicamente a la Unidad de Medidas Cautelares.
Están imputados de suscribir un contrato de 319 millones 121 mil 100 pesos, en el que la UTN revisaría para la Sedesol las obras y trabajos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, con el propósito de consolidar la Planeación del Desarrollo Social Regional y Municipal.
Esos supuestos trabajos eran parte de un convenio mayor, por 611 millones 711 mil 900 pesos, suscrito el 30 de enero de 2015 por la Sedesol con las Universidades Tecnológicas del Sur del Edomex, de Texcoco y la ya referida de Nezahualcóyotl.
Al revisar el convenio, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió que las tres universidades contrataron a cinco proveedores para ejecutar los servicios convenidos por un importe de 605 millones 302 mil 800 pesos, 99 por ciento del dinero que les depositó la Sedesol.
La subcontratación en principio es considerada indebida, porque supera el 49 por ciento máximo que permite la Ley de Adquisiciones, pero las autoridades además señalan que tampoco hay pruebas de que las empresas proveedoras entregaran los servicios objeto de la contraprestación.
De hecho, según la FGR, los cinco proveedores transfirieron 591 millones 416 mil 900 pesos a seis personas físicas y a 12 personas morales, “sin que existiera contrato o constancia que justifique los pagos y los servicios que no fueron otorgados, ya que no hay pagos efectuados a los coordinadores técnicos sociales”.
Molina fue designado rector de la UTN en 2012 y tres años más tarde fue candidato de del PRI a la alcaldía de Nezahualcóyotl, pero perdió con el aspirante del PRD.
En marzo de 2017 dejó la Rectoría de la universidad para sumarse a la campaña de Alfredo de Mazo, entonces candidato a Gobernador por el PRI. En marzo de 2020 asumió el cargo de coordinador municipal de Redes Sociales Progresistas en Nezahualcóyotl y a principios de este año buscó la candidatura de Morena en el mismo municipio, pero no la consiguió.
En el caso de López Arroyo, también fue coordinador de asesores del subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu, en tiempos de Rosario Robles.
Según autoridades federales, están en puerta otras dos imputaciones contra Molina Rusiles, en las que también serán incluidos otros rectores implicados en la llamada Estafa Maestra.
Agencia Reforma