Luego de que la FGR solicitara a un juez federal imponerle 21 años de prisión, Rosario Robles se declaró inocente de haber incurrido en omisiones que permitieron que sus subordinados desviaran 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos en el caso de la Estafa Maestra.
Al iniciar la audiencia intermedia, la ex funcionaria informó a Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, que en días pasados renunció a buscar un procedimiento abreviado para declararse culpable y obtener una pena menor.
La Fiscalía General de la República luego formuló la acusación por ejercicio indebido del servicio público, pidió la pena máxima de prisión e imponerle el pago de una reparación del daño por los más de 5 mil millones de pesos desviados. Acto seguido Robles tomó la palabra.
“Ella verbalmente hizo manifestaciones, en el sentido de que se declara inocente de los hechos que le imputan el agente del Ministerio Público Federal”, dijo Epigmenio Mendieta, abogado de Robles, durante un receso autorizado poco antes de las 16:00 horas.
Robles estuvo solo dos horas durante la audiencia y, con la autorización del juez Villar, se retiró a las 12:00 horas, debido al padecimiento de algunas dolencias y al hecho de que el resto de la audiencia intermedia sería de carácter técnico y en ella prácticamente no iba a requerirse su intervención.
Según autoridades, durante las seis horas que lleva hasta el momento la audiencia, por acuerdo de la defensa y la FGR, el juez Villar ha aprobado apenas tres testimonios para el juicio de la ex titular de la Sedatu y la Sedesol.
Pero esos testimonios son apenas tres de las 353 pruebas que deben ser debatidas y acordadas por las partes y el impartidor de justicia.
Los datos de prueba que en principio contempla este asunto son 300 ofrecidos por la FGR y 53 por la ex Secretaria de Estado.
En el caso de la Fiscalía, las pruebas consisten en 231 documentos, entre ellos convenios, contratos, anexos técnicos, dictámenes periciales, oficios de notificación, nombramientos, copias de denuncias penales y de vinculaciones a proceso e informes de auditorías, entre otros.
También 56 testimonios, incluidos 35 de funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, 7 de la Secretaría de Bienestar, 6 de la Sedatu, 2 de la Policía Federal Ministerial de la FGR, 1 de la Secretaría de Gobernación, 1 de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y 4 testigos colaboradores.
Adicionalmente, 13 discos compactos que contienen presentaciones en Power Point con tablas y datos relacionados con testimonios de auditores y testigos colaboradores
En contraste, Robles ofreció 53 datos de prueba en su descargo, incluidos 8 documentales y 15 testimonios, entre ellos el de Emilio Zebadúa, ex Oficial Mayor en la Sedatu y la Sedesol, así como los de Enrique González Tiburcio, Juan Carlos Lastiri Quirós y Javier Guerrero García, ex subsecretarios de dichas dependencias.
La pertinencia de llevar a juicio cada una de estas pruebas será discutida a lo largo de la presente audiencia que, por lo visto hasta el momento, tendrá varias sesiones.
Agencia Reforma
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