“Sería el colmo que censuraran el internet. ¿Qué no les basta el control omnímodo que ejercen sobre los medios comunes de información?”
Andrés Manuel López Obrador, 2014
¿Cómo pasamos de las benditas redes sociales a la iniciativa de Ricardo Monreal para controlarlas? El detonante fue la censura a Donald Trump por la incitación al asalto del Capitolio en Washington el 6 de enero. El presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre entusiasta promotor de las redes, se dio cuenta de que él podría ser el siguiente: “Empresas particulares deciden silenciar, censurar. Eso va en contra de la libertad. No se vaya a estar creando un gobierno mundial con el poder de control de las redes sociales, además un tribunal de censura, como la Santa Inquisición, pero para el manejo de la opinión pública”.
La iniciativa del senador procede de una preocupación legítima sobre un problema real. Las empresas que manejan las redes, las cuales han construido monopolios virtuales en sus campos, ejercen una censura discrecional. El expresidente Trump no ha sido la única víctima. Facebook, por ejemplo, ha censurado siempre los desnudos y limita la expresión de opiniones que considera políticamente incorrectas. Twitter ha sido más reacio a la censura, pero al final la ha ejercido también.
La propuesta de Monreal, sin embargo, no se limita a prohibir o restringir la censura, sino que busca crear un sistema de regulación para someter a las redes al poder del Estado mexicana. Por eso amplía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para incluir a las redes, las cuales requerirán de autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones para operar en nuestro país.
La propuesta respeta en principio las decisiones de las redes para aplicar sus propias reglas a sus usuarios, siempre y cuando “tales términos y condiciones hayan sido autorizados por el Instituto”. La cancelación definitiva, sin embargo, no podrá realizarse con la aplicación de algoritmos o tecnologías automatizadas: “El autorizado deberá tener un área específica que cuente con personas físicas especialistas en derechos humanos y libertad de expresión, quienes deberán emitir la resolución correspondiente”.
La nueva regulación limitaría “la suspensión de cuentas o perfiles, la eliminación de contenidos, la cancelación de cuentas o perfiles” a que se acredite que, en los términos de los artículos 6º y 7º de la Constitución, las informaciones, “incluidas las noticias falsas, atacan la moral y el orden público, la vida privada y los derechos de terceros, se provoque algún delito o se perturbe el orden público”. Otras causas para las suspensiones o cancelaciones son la afectación a los derechos de los menores, la difusión de mensajes de odio o la revelación de datos personales. El nuevo ordenamiento obliga a las redes a tener un procedimiento expedito para impugnar la suspensión o cancelación de cuentas. Solo en caso de que la red no resuelva en el plazo establecido, el usuario podrá recurrir al IFT.
La intervención del IFT en estas impugnaciones es limitada. El gran riesgo, sin embargo, radica en el hecho que la iniciativa está colocando a las redes sociales bajo la jurisdicción de un regulador. Una de las razones por las que las redes sociales han sido benditas es porque no han dependido del Estado. Imponerles un regulador, solo para evitar el riesgo de que el presidente pueda ser censurado, es muy peligroso.
De Angoitia
Un mexicano ha sido nombrado presidente del consejo de administración de Univisión, la principal empresa de medios en español de Estados Unidos. Se trata de Alfonso de Angoitia, copresidente de Grupo Televisa, que tiene 36 por ciento de las acciones de la firma estadounidense. La decisión del consejo de Univisión fue unánime. De Angoitia puede convertirse en un importante portavoz de México en la comunidad hispánica de la Unión Americana.
Twitter: @SergioSarmiento
Agencia Reforma
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