“Entre más leyes e impuestos se crean, mayor es el número de evasores de la ley y de los impuestos”.
Lao Tse
Es muy claro que quienes están presentando la iniciativa para prohibir la subcontratación nunca han tenido que crear un empleo. No entienden las dificultades de hacerlo, ni los temores de que, al final, un puesto de trabajo, en vez de ayudar a una empresa, se convierta en un lastre.
La filosofía de la propuesta es restringir, más de lo que ya está, la libertad de contratación. Como todas las malas leyes, esta viene cargada de buenas intenciones. Dicen sus impulsores que busca proteger los derechos de los trabajadores, pero la única consecuencia previsible será una pérdida de empleos y una menor competitividad de las empresas.
La subcontratación, o outsourcing, es una práctica habitual en el mundo. Las empresas logran con ella ahorros en costos, aumentos de eficiencia, concentración en sus áreas fundamentales de actividad, disponibilidad de personal en momentos críticos y acceso a equipos de trabajo especializados. La decisión sobre cuándo o cómo recurrir a ella, en lugar de ampliar la plantilla propia, debe ser de las empresas o de los trabajadores, que pueden rechazar ofertas que no les convienen. Dársela a un gobierno, y más a un gobierno de ánimo prohibicionista, solo reducirá la competitividad de las empresas.
Hay muchas formas de subcontratación. Una de las razones por las que hemos visto un rápido desarrollo y producción de vacunas contra el covid en los países desarrollados es, precisamente, por su flexibilidad de contratación y subcontratación. La firma estadounidense Pfizer subcontrató a la alemana BioNTech, con investigaciones avanzadas en inmunoterapia contra el cáncer, para lograr un más rápido desarrollo de su vacuna. Más tarde subcontrató a la francesa Novartis para producir millones de dosis de esta vacuna en una planta en Suiza.
Todas las empresas de vacunas están subcontratando personal de producción y apoyo. Saben que habrá una gran demanda en los próximos meses, pero también que con el tiempo la producción de todas las vacunas inundará el mercado. Deben ampliar producción hoy, a sabiendas de que después tendrán que reducirla.
Si la preocupación de los políticos mexicanos es que se respeten los derechos de los trabajadores, esto ya lo establece la actual legislación. Cualquier trabajador tiene derecho a ciertas prestaciones, sin importar su forma de contratación. La ley mexicana, además, obliga a la empresa subcontratante a responder por los derechos de los trabajadores de la subcontratista, regla que no existe en muchos países.
Nuestros políticos afirman que las subcontratistas no cumplen con sus obligaciones, pero no han presentado información que permita suponer que este es un problema exclusivo de ellas. Es verdad que muchas compañías violan las leyes, pero no son necesariamente subcontratistas. De hecho, la mayoría de las organizaciones que no cumplen con sus obligaciones operan en la economía informal, que el actual gobierno está promoviendo.
Algunas empresas podrán ajustarse a las nuevas reglas de subcontratación y no tendrán que despedir a nadie, pero otras se verán obligadas a disminuir personal. Muchas no podrán absorber a los trabajadores que hoy subcontratan, en parte porque esto implicaría un aumento desproporcionado en el reparto de utilidades; y ya la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, ha afirmado que no habrá una reducción de esta “conquista de los trabajadores”. Parece que también es una conquista de los trabajadores quedarse sin empleo por la ignorancia económica de la clase política.
Corrupción
El presidente afirma que con su llegada al poder desapareció la corrupción en México. Casos como el de Jóvenes Construyendo el Futuro en Nuevo León, investigado por Grupo Reforma, demuestra que la corrupción sigue siendo una realidad.
Twitter: @SergioSarmiento
Agencia Reforma
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