Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, aseguró que todos los sectores serán escuchados en el Congreso para analizar la reforma impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para prohibir el outsourcing.
La funcionaria federal celebró que los legisladores estén dispuestos a poner en marcha las prácticas de Parlamento Abierto, con la finalidad de que puedan expresar sus puntos de vista tanto los representantes del sector empresarial, como las organizaciones obreras, investigadores y académicos.
“Creo que el hecho de abrirse a Parlamento Abierto es lo mejor que puede hacer un Congreso para avanzar en la construcción normativa, teniendo todas las voces y así podemos avanzar mejor y tener los impactos positivos tanto para los trabajadores, tanto para los sindicatos que lo representan como también para el sector empresarial”, dijo.
“Ir juntos en la construcción es fundamental porque los acuerdos son importantísimos en estas construcciones normativas”.
La Ministra en retiro consideró que la construcción del consenso para las reformas es importante y puso como ejemplo los acuerdos que se construyeron para que los congresos federal y de los 32 estatales avalaran, por unanimidad, la creación de la Guardia Nacional.
“Recuerdo que en los primeros meses de Gobierno, estábamos construyendo la normativa constitucional de Guardia Nacional y las leyes sobre Guardia Nacional. Tuvimos el consenso unánime del Congreso federal y de los 32 congresos estatales, ¿por qué?, porque se construyó la normativa conjuntamente, en consenso, escuchando a todas las voces”, refirió.
“Creo que podemos avanzar en una forma muy importante si tenemos ese ejercicio participativo”.
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El proyecto outsourcing del Presidente
En noviembre del año pasado, el Presidente envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para prohibir el outsourcing o prácticas abusivas de subcontratación.
El proyecto busca aplicar sanciones económicas e incluso dar un trato de crimen organizado a este esquema laboral, a través de reformas al Código Fiscal de la Federación.
El planteamiento busca castigar con cárcel a quienes incurran en defraudación fiscal calificada al evadir el pago de ISR, IVA y cuotas del IMSS e ISSSTE en esquemas de outsourcing.
Según el proyecto de ley, la prisión preventiva será oficiosa (sin derecho a fianza) y contempla agravar las penas para castigar al infractor cuando actúe en complicidad con más personas.
La reforma generó preocupación en el sector privado que logró instalar una mesa de diálogo con el Gobierno federal y posponer la discusión en el Congreso para el periodo ordinario de sesiones que inicia este lunes.
En este marco, existe un diferendo, ya que la IP busca que se regule o se establezca una especie de ‘tope’ al pago de utilidades.
En semanas previas, diputados y senadores han organizado reuniones con representantes empresariales, sindicales y académicos para dialogar sobre el tema.
Agencia Reforma