La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ha convocado a sesionar el próximo jueves con el objetivo de dictaminar un cambio a la ley que busca declarar como válidas e inatacables las reformas impugnadas que reciban el apoyo de cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La propuesta busca modificar las reglas actuales: actualmente se requieren ocho votos en la Corte para declarar la inconstitucionalidad de una reforma; si no se alcanza esta votación, la ley permanece vigente y aún puede ser impugnada en juicio de amparo.
La propuesta del diputado morenista Juan Ramiro Robledo establece que cada vez que no se alcance una mayoría de ocho votos, una reforma sería declarada legal con el respaldo de cuatro de los 11 ministros de la SCJN.
La reforma propuesta indica:
“Indicar que las resoluciones de la SCJN solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos y que si no se aprobaran por la mayoría indicada, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada, declarando la validez de las normas impugnadas, contra las que no procederá juicio o recurso alguno y ordenará el archivo del asunto”.
El diputado argumenta que si una ley no es declarada inconstitucional, la consecuencia lógica es que sea válida e inatacable. Así lo expresa su reforma:
Si una norma es recurrida vía controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad y no es anulada, pese a la obligación de las y los ministros de suplir la deficiencia de los conceptos de agravio y de invalidez formulados por la parte promovente, la consecuencia lógica y natural es la validez de esas mismas normas.
Esta propuesta se percibe como una reacción de Morena a la cancelación de la reforma eléctrica de 2021, donde la mayoría de Morena en el Congreso aprobó una propuesta del Presidente AMLO, pero al no alcanzar los ocho votos en la Corte para declararla inconstitucional, la ley siguió vigente.
Empresas acudieron al juicio de amparo y la Segunda Sala de la Corte finalmente decidió amparar a las empresas, cancelando de manera definitiva un apartado de esa legislación. Esta cancelación ha generado molestia en el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha aprovechado la decisión para reforzar su interés de reformar al Poder Judicial.
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