La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, confirmaron que entregaron al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (INAI) el reporte técnico sobre el hackeo del sistema de acreditaciones de Presidencia, cuya base de datos (no actualizada), con datos personales de 263 periodistas de 309 acreditados, fue publicada ilegalmente el pasado viernes en un portal y posteriormente en redes sociales.
En Palacio Nacional, los funcionarios reconocieron que la persona o personas que presuntamente ingresaron a la plataforma lo hicieron con el nombre de usuario de alguien que trabajó en el área de gobierno digital y con una contraseña que se encontraba vigente.
Además, la vulneración de información se habría llevado a cabo desde España en diversos momentos el 22 de enero pasado, y el gobierno tuvo conocimiento de ello hasta el viernes 26 cuando se divulgó el listado.
La secretaria anunció que presentarán una denuncia de hechos en la Fiscalía General de la República este martes, para que inicie la investigación y determine la responsabilidad de cualquier funcionario o de alguna oficina en particular.
Tanto la titular de Gobernación como el coordinador de Comunicación Social aseguraron que las investigaciones seguirán “hasta sus últimas consecuencias” y que no habrá impunidad en caso de determinarse responsabilidad oficial.
En la conferencia de prensa, Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó que se buscó contactar a 26 periodistas cuyos datos personales se encontraban en el listado, y con 20 se estableció comunicación. A 7 de ellos se les otorgaron recomendaciones de seguridad.
Se puso a disposición de quienes se sientan vulnerables el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Carlos Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital Nacional, reconoció que la página de donde se extrajeron documentos oficiales de los periodistas permanecía “abierta en internet” porque se encontraba en un proceso de actualización de usuarios para migrar la información de una base de datos a la actual, y quien ingresó lo hizo con un usuario y contraseñas válidas.
“Fue como un vehículo que está en la calle, alguien tiene la llave, lo abre y se lo lleva. Fue una ventana de tiempo en la que lograron entrar”, comentó.
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