La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ha hecho pública la carta “confidencial” que envió el pasado 12 de diciembre a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña.
En la misiva, Alcalde informa sobre la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal que concede el cambio de medida cautelar a ocho militares vinculados con el caso Ayotzinapa.
En el documento, la funcionaria destaca que el tribunal, el pasado 30 de noviembre, otorgó el amparo a los acusados para llevar a cabo una nueva audiencia y modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, indicando que esta modificación representa un alto riesgo de sustracción de la justicia, como la posibilidad de volverse ilocalizables o huir del país.
Alcalde enfatiza la importancia del caso, subrayando las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra los jóvenes desaparecidos y sus familias. En la carta, expresa la confianza en que el Poder Judicial de la Federación velará por el Estado de Derecho, garantizará los derechos humanos de las víctimas y sancionará a los responsables, evitando así transmitir un mensaje de impunidad y falta de justicia a la sociedad.
Por otro lado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que la juez que ordenó liberar a los ocho militares impuso medidas sustitutivas para garantizar que no se den a la fuga. Estas incluyen presentarse quincenalmente ante el juzgado de Distrito para firmar, exhibir una garantía de 50 mil pesos y la prohibición de salir del país, debiendo entregar sus pasaportes al juzgado de Distrito. Además, se prohíbe su acercamiento al estado de Guerrero y a las víctimas o testigos del caso.
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