La Cámara de Diputados instaló este lunes la comisión de trabajo para el análisis de la reforma constitucional que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
La comisión está integrada por legisladores de las diversas fuerzas políticas, representantes del sector empresarial, organizaciones sindicales y gobierno federal.
Los representantes de la iniciativa privada y de las centrales obreras expusieron nuevamente sus diferendos sobre la modificación al artículo 123 constitucional.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, aseguró que dicha reforma tendría para el sector privado un costo adicional de uno por ciento del PIB. Sin embargo, reafirmó la disposición a discutir la viabilidad de la propuesta.
En representación de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), Héctor Tejada alertó sobre los impactos de la reducción de la jornada laboral, no solo sobre los costos de las empresas, sino incluso en los ingresos fiscales del gobierno federal.
El legislador priista y secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina, llamó a avanzar hacia la jornada laboral “digna y decente” de 40 horas semanales.
El coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena, Ignacio Mier, sostuvo que no pueden concluir los trabajos de la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados, sin tener, al término del próximo periodo, aprobada la reforma constitucional.
El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, llamó a encontrar el punto intermedio y el equilibrio para que todos ganen con la reforma.
El titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, Esteban Martínez, se pronunció también a favor de la iniciativa, pero planteó la necesidad de establecer la gradualidad y la temporalidad para implementarla exitosamente.
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