La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado Mexicano.
La denuncia se centra en la presunta violación a la independencia judicial, la desaparición de fideicomisos y la propuesta de someter a votación popular los nombramientos de los impartidores de justicia.
La JUFED, responsable de llevar este recurso ante la instancia internacional, buscará medidas cautelares contra lo que considera hostigamiento por parte del Gobierno federal al Poder Judicial de la Federación (PJF).
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En una audiencia celebrada el 16 de noviembre en Washington, la delegación de 10 juzgadores expuso la situación de riesgo actual de la independencia y autonomía del PJF, destacando los ataques públicos de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Entre los temas abordados se encuentran los ataques a la independencia judicial y autonomía financiera, especialmente en relación con la iniciativa de implementar la elección de Ministros y Jueces Federales mediante voto popular.
Además, se mencionó la intención de eliminar los 13 fideicomisos que respaldan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La JUFED, representante de más de mil 500 jueces y magistrados en México, enfatizó ante la CIDH la posición de los impartidores de justicia en defensa de los principios convencionales sobre la independencia y autonomía del Poder Judicial.
La solicitud de medidas cautelares se realizará conforme a los compromisos del Estado mexicano en respetar normativas internacionales, incluyendo la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
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