El reciente nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) desató críticas por parte de diversas organizaciones de derechos humanos y la oficina de Derechos Humanos de la ONU en México.
Tanto Fundar, como el Observatorio de Designaciones Públicas, junto con la ONU-DH, cuestionaron el proceso de designación y lo calificaron de opaco, discrecional y regresivo.
La designación de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún fue anunciada por la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien afirmó que el nombramiento se basó en consultas públicas a colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, las críticas se centran en la falta de transparencia y la ausencia de una escucha sustantiva de colectivos y familiares de desaparecidos en el proceso.
“Lejos de contribuir a la construcción de confianza ciudadana y recuperación de la legitimidad de un órgano central para la tragedia que se vive en el país en materia de desaparición forzada de personas, esta decisión profundiza el recelo sobre la seriedad con la que el gobierno mexicano asume sus obligaciones en el tema y sus compromisos con las víctimas”, apuntaron los organismos.
La ONU-DH expresó su preocupación por la falta de consulta, participación y transparencia en la designación de la nueva titular de la CNB.
Además, destacó que la decisión profundiza el recelo sobre la seriedad del gobierno mexicano en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de desaparición forzada de personas.
La falta de experiencia de Reyes Sahagún en el cargo y el contexto actual de crisis en desapariciones generaron incertidumbre sobre la dirección de las políticas públicas en este ámbito.
El nombramiento se produce dos meses después de la renuncia de la Comisionada Karla Quintana, en medio de una cuestionada instrucción presidencial para depurar el censo de desaparecidos en el país, que actualmente supera los 110 mil casos.
Reyes Sahagún, antes de asumir la titularidad de la CNB, se desempeñó como directora del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y como titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Bienestar.
Aunque cuenta con experiencia en el ámbito público, su nombramiento genera inquietudes debido a la complejidad de la crisis de desapariciones en México.
La controversia en torno a esta designación resalta la necesidad de una mayor transparencia y participación en la selección de funcionarios clave en la lucha contra la desaparición forzada y la promoción de los derechos humanos en el país.
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