El Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Detención Arbitraria aseguró que La Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en México carecen de controles independientes que garanticen la prevención de violaciones de derechos humanos.
“(Las agencias de seguridad en México) carecen de controles civiles e independientes necesarios para garantizar la prevención y la rendición de cuentas”, advirtió la delegación de la ONU durante la presentación de sus conclusiones preliminares de la visita a centros de reclusión en el país.
En su misión, entre el 18 y 29 de septiembre, los integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU pudieron documentar las violencias ejercidas por estas autoridades, las cuales derivan principalmente en uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura e incluso desapariciones forzadas.
“En México, el uso de fuerzas militares para llevar a cabo actividades de policía pública a nivel federal, estatal y municipal es bastante frecuente. Según informes, hay más de 100 mil soldados realizando tareas policiales de seguridad pública, así como de aspecto migratorio, eso se relaciona con un aumento de violencia en contra de los detenidos y con un aumento en las desapariciones y muertes”, mencionó Miriam Estrada-Castillo, integrante del Grupo.
La ONU advierte de violaciones
La abogada de profesión advirtió que estas acciones ocurren en el país como una herramienta de las autoridades que llevan a cabo las detenciones con el propósito de obtener confesiones que ayuden a inculpar a otros presuntos sospechosos o a obtener posibles pruebas.
Ante esta situación, Estrada-Castillo externó que “el Grupo de Trabajo encuentra muy importante que los detenidos sean entregados con prontitud a la autoridad civil, al fiscal o al juez más cercano para cumplir con los requisitos adoptados por México respecto a los derechos humanos en el ámbito internacional”.
Sin embargo, vio positivo que, a pesar de esta situación, la delegación de las Naciones Unidas pudo conocer de casos en donde agentes de seguridad que cometieron arbitrariedades fueron sometidos a un procedimiento judicial en donde se dictaron sentencias condenatorias, como parte del esfuerzo nacional en terminar con estas prácticas.
Además de Miriam Estrada-Castillo, el Grupo de Trabajo de la ONU que visitó 15 lugares de privación de la libertad en Ciudad de México, Nuevo León y Chiapas, está integrado por Matthew Gillet y Ganna Yudkivska, quienes darán a conocer sus conclusiones en un informe que prevén entregar en septiembre de 2024.
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