La Barra de Abogados y el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford instaron a la Cámara de Diputados a rechazar la propuesta de recorte presupuestal al Poder Judicial de la Federación (PJF) en México.
En un comunicado conjunto, las entidades expresaron su preocupación por el impacto que este recorte tendría en la capacidad del sistema judicial y en el acceso a la justicia en el país.
Argumentos de las entidades
En el comunicado, Víctor Oléa Peláez y Amrit Singh, quienes presiden ambas entidades, destacaron que un poder judicial independiente y debidamente financiado es esencial para mantener el Estado de Derecho y garantizar el acceso a la justicia.
Subrayaron la gravedad de la situación en México, donde se enfrentan desafíos significativos en materia de seguridad, con altos índices de homicidios, desapariciones y delitos contra mujeres.
Además, señalaron que los recortes presupuestarios propuestos no solo negarían la justicia a miles de víctimas, sino que también socavarían la capacidad del Poder Judicial Federal para abordar las amenazas a la paz y la seguridad en el país.
Argumentaron que el Estado de Derecho, respaldado por un poder judicial independiente y con recursos adecuados, es esencial para promover la inversión, el crecimiento económico y la estabilidad.
Impacto en las reformas de justicia
Las entidades también destacaron que los recortes presupuestales planteados obstaculizarían la implementación de importantes reformas de justicia en México, incluyendo aquellas relacionadas con el derecho laboral, civil, penal y familiar.
Argumentaron que estas reformas son esenciales para llevar la justicia a miles de mexicanos y no pueden llevarse a cabo sin fondos adecuados.
Llamado a la responsabilidad
En su comunicado, la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la Universidad de Stanford hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para que actúe con responsabilidad y evite un recorte presupuestal que ponga en riesgo el Estado de Derecho en México. Enfatizaron que el acceso a la justicia es un derecho fundamental que no debe verse comprometido por consideraciones políticas.
Te puede interesar: Poder Judicial, proyecta Morena ajuste de 24 mil mdp a su presupuesto