La Fiscalía General de la República (FGR) ha expresado su enérgica protesta contra la resolución del Tribunal Federal que ratificó la desestimación de la información bancaria proporcionada por Brasil y Suiza, en el marco del caso Odebrecht, destinada a ser utilizada en un eventual juicio oral contra Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La FGR ha catalogado esta resolución como ilegal y ha cuestionado la imparcialidad de los jueces de Distrito y magistrados federales, argumentando que han demostrado un evidente favoritismo hacia el ex funcionario Emilio Lozoya, en detrimento de las víctimas, que en este caso son el Estado mexicano y la empresa estatal Pemex.
La Fiscalía sostiene que las pruebas obtenidas a través de acuerdos internacionales, respaldados por el artículo 133 de la Constitución Mexicana, son legales y han sido empleadas en numerosas ocasiones en colaboración con otros países por parte de entidades gubernamentales, incluyendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha respaldado su validez en fallos previos.
El comunicado oficial de la FGR señala: “Hace unos cuantos días y de forma ilegal, evidentemente ilegal, violentando el Código Penal Federal, uno de esos mismos jueces, de esa competencia, le otorgó beneficios a Emilio ‘L’, que artículos expresos de la legislación, le niegan. Cada vez es más evidente la conducta indebida”.
La disputa legal gira en torno a la información solicitada por la FGR a Brasil y Suiza para demostrar que Emilio Lozoya recibió presuntos sobornos de la empresa brasileña Norberto Odebrecht. Además, Lozoya buscaba eliminar testimonios e interrogatorios de ex directivos de Odebrecht que lo incriminaban en el caso. Sin embargo, a mediados del presente mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la resolución de un Tribunal Colegiado que puso fin a las pretensiones del ex funcionario.
El pasado 28 de agosto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal desestimó el recurso de queja interpuesto por Lozoya, quien buscaba que las pruebas recopiladas no pudieran ser utilizadas en un eventual juicio oral.
Además del caso Odebrecht, Emilio Lozoya también obtuvo una victoria legal en agosto pasado en el caso de la planta chatarra de Agronitrogenados, donde el gobierno federal buscaba una reparación del daño por 20 millones de dólares. El juez Gerardo Alarcón decidió suspender el proceso basándose en los argumentos de la defensa, que sostenía que ya existía una reparación del daño por un monto superior de 216 millones de dólares, cubiertos por el ex dueño de Altos Hornos de México (Ahmsa), Alonso Ancira Elizondo.
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