La Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) generó controversia al requerir a sus licitantes la adquisición de mobiliario urbano de la marca “Grava y Arena”, propiedad de Hugo Buentello Carbonell, ex funcionario involucrado en la trama de corrupción de Segalmex.
Este requisito ha sido identificado en al menos seis proyectos de desarrollo urbano llevados a cabo en el marco del programa “Mi México Late”, uno de los programas emblemáticos del Gobierno federal destinado al mejoramiento urbano en diversas regiones del país.
Según una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se ha encontrado que la Sedatu incluyó en las licitaciones de estas obras catálogos con productos de “Grava y Arena”, los cuales debían ser instalados por las empresas adjudicatarias. Dichos productos abarcaban una amplia gama de mobiliario urbano, que incluía bancas, mesas, racks para bicicletas, columpios, botes de basura, juegos para niños, entre otros elementos.
En algunos casos, la Sedatu envió fichas técnicas de mobiliario urbano a los participantes de la licitación, específicamente en tres proyectos, con la marca “Grava y Arena” claramente mencionada. En los tres proyectos restantes, la Secretaría proporcionó fichas técnicas similares, pero sin el nombre de la marca, aunque con el mismo código de identificación. Esto plantea preocupaciones sobre la transparencia y la igualdad de oportunidades en el proceso de licitación.
El mobiliario urbano de “Grava y Arena” que la Sedatu impuso en estos proyectos ha sido suministrado por la empresa Industrias Wohl, en la cual Hugo Buentello Carbonell es accionista. Curiosamente, esta compañía comparte domicilio en Polanco con “Pirwi”, una empresa de mobiliario contemporáneo propiedad de Alejandro Castro Jiménez Labora, quien es responsable de la obra del Malecón de Villahermosa.
“Grava y Arena” fue registrada como marca en 2021 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad por Industrias Wohl. Hugo Buentello Carbonell, quien previamente se desempeñó como subdirector de operaciones de Liconsa (perteneciente a Segalmex), ha estado bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada en relación con contratos por 86 millones de pesos para el abasto de 50 mil bolsas de leche en polvo que nunca fueron entregadas.
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