Un juez de control en Tlalnepantla ordenó prisión preventiva para los seis trabajadores del bar Black Royce, situado en Naucalpan, debido a su presunta implicación en la muerte del empresario Iñigo Arenas el pasado 6 de agosto.
Los acusados, identificados como Carlos Daniel ‘N’, Eduardo ‘N’, Ana Karen ‘N’, Aritzi Abril ‘N’, Cecilia Mariana ‘N’ y otra Ana Karen ‘N’, compartieron las últimas horas de vida con el empresario de 41 años. La audiencia se llevó a cabo en los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencia cerca del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla de Baz.
Durante la audiencia, se determinó la legalidad de su detención y se concedió un plazo adicional de término constitucional a los detenidos, para que su situación legal sea evaluada el próximo martes.
La fiscalía presentó cargos basados en pruebas de una carpeta de investigación, mientras que la defensa solicitó tiempo adicional para presentar pruebas de inocencia, argumentando que los detenidos habían sido sometidos a tortura. La jueza ordenó una investigación por posible tortura y pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que intervenga.
Durante la audiencia, un testigo protegido identificado como Ricardo “N”, gerente del Black Royce, declaró que en el establecimiento se suministraban sustancias a los clientes por parte de las damas de compañía para incentivar el consumo de alcohol. Además, se reveló un supuesto acuerdo entre el bar y los taxis de la Ciudad de México para llevar a clientes ebrios por una tarifa fija.
La audiencia también reveló que los detenidos comparecieron inicialmente de manera voluntaria el domingo pasado, pero posteriormente fueron arrestados por acusaciones de cohecho. El testigo protegido presuntamente ofreció dinero para detener la investigación, lo que resultó en cargos adicionales por cohecho y resistencia.
Este caso continúa desarrollándose, y el destino de los trabajadores del bar Black Royce se determinará en la próxima audiencia judicial.
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