El gobierno federal de México exigió a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), una suma de 30 millones de dólares como reparación del daño ocasionado por la compra de la planta chatarra. Sin embargo, Lozoya denunció esta demanda como una forma de “extorsión”.
El exfuncionario ha argumentado que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como Pemex ya le habían solicitado anteriormente, por escrito, la cantidad de 3.4 millones de dólares desde enero de 2022. Por lo tanto, considera ilegal e inmoral el incremento sustancial en la reparación del daño y lo califica como una cuasi extorsión.
Ante la falta de explicaciones por parte de las autoridades de la UIF y Pemex sobre el incremento del 200% en la suma exigida, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Genaro Alarcón López, decidió no llevar a cabo la audiencia intermedia en el caso.
Además, la Fiscalía General de la República (FGR) no participó en las negociaciones en las que Emilio Lozoya intentó alcanzar un acuerdo reparatorio para suspender la causa penal en su contra por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El juez Alarcón López manifestó su necesidad de verificar y fundamentar la postura del Gobierno Federal, destacando que se requiere una fundamentación y motivación sólida para justificar la suma exigida.
Aunque los abogados de Lozoya solicitaron el inicio de la audiencia intermedia para que la FGR presentara su acusación formal en el caso, el juez consideró necesario garantizar los derechos del imputado y exigir una fundamentación clara por parte de las autoridades.
Alarcón López señaló que tanto la Fiscalía como las entidades involucradas deben justificar su actuación y evitar fijar sumas arbitrarias sin una adecuada fundamentación. Además, destacó la necesidad de que la Fiscalía participe en el proceso, ya que es la encargada de la investigación y advirtió que las acciones separadas de la UIF y Pemex de la Fiscalía no son correctas.
Por su parte, Emilio Lozoya afirmó que al intentar llegar a un acuerdo, no está aceptando su culpabilidad y señaló que fue una decisión de su familia debido al acoso político que están enfrentando.
El juez citó a las partes involucradas para el próximo 31 de agosto, fecha en la que se llevará a cabo la audiencia intermedia para continuar con el caso.
Te puede interesar: Consejería Jurídica responde al INE: sabían que estábamos de vacaciones