La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las Fuerzas Armadas no pueden solicitar información sobre civiles a los operadores de telecomunicaciones sobre llamadas, mensajes y geolocalización sin una orden judicial.
La SCJN analizó diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, los cuales fueron impugnados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de una acción de inconstitucionalidad.
El ministro Luis María Aguilar elaboró el proyecto que se sometió a votación entre los magistrados.
La ministra Yasmín Esquivel dijo que solo las autoridades civiles tienen la facultad para ordenar la escucha de conversaciones o la lectura e mensajes por lo que da dicha facultad a las autoridades militares sería validar una reforma que permita el espionaje.
Javier Laynez se manifestó en contra de entregar los datos de geolocalización, excepto en casos donde se investiguen delitos que pongan en riesgo la vida.
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