Seis meses después de que se revelara el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional por parte del colectivo Guacamaya Leaks, el Gobierno federal aseguró que documentos filtrados carecen de legalidad y pudieron ser alterados.
Como los formatos quedaron “expuestos”, argumentó el Gobierno en un posicionamiento, cualquier persona pudo alterar los documentos o fabricarlos con la finalidad de afectar la imagen de la dependencia.
En el posicionamiento titulado “Acciones de inteligencia, orientadas a atender amenazas y riesgos a la seguridad nacional”, indicó que “algunos” documentos hackeados a la Sedena relacionados con presunto espionaje no se consideran oficiales.
Argumentó que hay documentos hackeados por Guacamaya Leaks que no están firmados ni avalados por alguna autoridad y que, por esa razón, informes militares quedaron expuestos y que cualquier persona ajena a la dependencia pudo alterar informes para afectar a la institución castrense.
“Es importante mencionar que no se consideran oficiales algunos documentos que diversos medios de comunicación han dado a conocer, relacionándolos con el ciberataque sufrido a los servidores de la Sedena, específicamente al correo institucional, mismo que contiene información de carácter público y no es de clasificación confidencial”, señala.
“Dichos documentos no están signados, firmados, ni avalados por alguna autoridad competente. Lo anterior hace evidente que, con motivo de dicho ciberataque, ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública, por lo que cualquier persona ajena al instituto armado podría elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional”.
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