El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, aceptó a trámite 30 controversias constitucionales más que interpusieron municipios para impugnar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas que conforman la primera parte del Plan B impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Metepec, Chapa de Mota y Huixquilucan, en el Estado de México; General Cepeda y Sabinas, en Coahuila, los municipios de Durango y Mérida. Corregidora, en Querétaro; León, Acámbaro, Santiago Maravatio, Jaral del Progreso, Coroneo, Dolores Hidalgo, Pénjamo y San José Iturbide, en Guanajuato, son algunos de los municipios que han impuesto el recurso ante el máximo tribunal.
Y es que según el alegato de los municipios, los cambios a estas leyes vulnera su autonomía, al ordenar que no puedan destinar más del 0.1% de su presupuesto para gastos de comunicación social y solicitaron una suspensión, pero les fue negada, ya que no hay derecho humano alguno vulnerado.
Las controversias se suman a al menos 130 recursos de inconstitucionalidad que han sido presentados en la SCJN debido a las modificaciones a las leyes secundarias aprobadas por Morena en el congreso, ante el intento fallido de una Reforma Electoral.
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