El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional Electoral (INE) contra las reformas a las leyes secundarias promovidas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se trata de primera controversia contra el Plan B que es admitida a trámite, ya que hay 125 impugnaciones sobre el tema que fueron presentadas por gobiernos estatales y municipales.
En el acuerdo publicado por Pérez Dayán se dice que el INE sostiene que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, producen una violación directa a sus funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere la Constitución.
“El Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, se lee en el documento publicado.
Asimismo, el máximo tribunal también admitió a trámite la controversia interpuesta por el municipio de Chihuahua, Chihuahua, contra la Ley General de Comunicación Social, que establece un gasto del 0.1 por ciento del presupuesto en campañas de difusión.
La Ley General de Comunicación Social menciona que es aplicable para los entes públicos que integran a los tres poderes de la Federación, de las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Debido a ello hay municipios que también han interpuesto recursos de estados como el Edomex, Yucatán, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Baja California Sur, Tlaxcala, Aguascalientes, Nuevo León, Guerrero y Michoacán.
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