La planta cementera La Cruz Azul se mantiene sin servicio de energía eléctrica, al menos hasta el mediodía de ayer, lo que provoca pérdidas económicas de aproximadamente 130 millones de pesos. Esto afecta a miles de familias de la región Tula que dependen de manera directa e indirecta del ingreso económico, denunciaron cooperativistas.
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Además, hay preocupación constante entre trabajadores, debido a la falta de iluminación por las noches porque es una tentación para el grupo de disidentes para hacer uso de la violencia y asaltar de nueva cuenta las instalaciones de la fábrica localizada en el centro de Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Lo anterior a pesar de que un juez ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconectar el servicio de energía a la cementera.
Los socios cooperativistas de La Cruz Azul y administradores legales de la planta de Tula de Allende dieron a conocer, a través de un comunicado ayer por la noche, que la CFE está obligada a cumplir con la resolución judicial que le ordena suministrar el servicio de luz eléctrica a la empresa.
Afirmaron estar al corriente con los pagos como lo mandata la constitución y diversas jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de no cumplir caería en desacato.
Mencionaron que los disidentes presuntamente buscan por medio de la compra de voluntades de altos funcionarios de la CFE, delinquir y evitar que se cumpla la ley.
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Disidencia ha impedido la reconexión de la energía a cementera
Federico Sarabia Pozo, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, y que encabeza el grupo de socios que tiene en su poder y opera la planta de Hidalgo, aseguró que con “chicanadas” jurídicas, disidencia ha impedido la reconexión de la energía a La Cruz Azul.
“La producción de cemento ha estado detenida durante nueve días, porque CFE ejecutó una libranza por 30 días para hacer mantenimiento, a solicitud de Víctor Manuel Velázquez, cosa que es falsa. Cuando nos dimos cuenta interpusimos un Amparo, pero tendrán que pasar al menos tres días más para que nos hagan la reconexión porque los disidentes han recurrido a chicanadas jurídicas para impedirlo.”, aseguró Sarabia Pozo.
El viernes 19 de agosto, explicó, les otorgaron un Amparo de plano, para reinstalar la energía eléctrica, y el lunes y martes pasados hicieron los trámites ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero aseguró, hay todo un juego sucio e ilegal entre funcionarios de CFE y disidentes para afectar a la cementera.
“La orden de corte que emitió la empresa, refiere un número de medidor diferente al que tenemos y entonces nos rechazaron las notificaciones del Amparo, porque no corresponde el número del medidor que nos desconectaron, con el de la orden de corte. Y el Amparo no ha surtido efectos.”
Pero además, refirió, mientras buscaban subsanar el error, ayer, el grupo disidente acudió al juzgado que les otorgó el Amparo y haciéndose pasar por los representantes legales de la planta Hidalgo se desistieron del Amparo, por lo que debieron reponer todo el procedimiento, pero considera que para la próxima semana, lunes o martes podrían volver a tener energía.
Sarabia Pozo expuso que esta situación los lleva a una situación económica crítica, porque cada día que no producen pierden alrededor de 15 a 18 millones de pesos diario, pero aseguró que podrán hacer frente al pago de los salarios, en porque llevan una rigurosa administración y porque pudieron vender cemento que tenían almacenado y eso ayuda de momento a enfrentar la crisis.
“Quizá se pueda retrasar un poco su pago, pero vamos a hacer todo lo posible para que se les pague en tiempo y forma sobre todo al sector operativo.”
Respecto a la renuncia que ayer presentó Alberto López Morales como presidente del Consejo de Vigilancia, reconoció que sí representa un golpe en lo moral, porque causa inquietud social “porque era uno de nuestros generales” ¿y la gente pregunta qué va a pasar?, pero afortunadamente han logrado la integración de todos los trabajadores y no generó una renuncia en masa.
Puntualizó por otra parte que en realidad López Morales sigue ostentando el cargo porque no es un cargo renunciable y deberá responder a los más de 500 socios que lo eligieron, una vez que se culmine con el encargo que será en agosto del 2023.
Comentó que el miércoles 24 de agosto se reunieron los socios, y él y otros expresaron que Alberto López está en su derecho de disentir de las decisiones que toma la administración, porque él de alguna se desubicó, pero externaron su molestia porque con sus aseveraciones respecto a que los obligan a cometer delitos y que no tienen ya opciones jurídicas, aunque no son ciertas y no podrá probar, de alguna manera los deja vulnerables ante la disidencia.
Sarabia Pozo, refirió también que ayer se reunió con los trabajadores y se les explicó la situación por el corte de energía y se tocó la renuncia de López. Contó que les convocó a cerrar filas en términos laborales y anímicos para que puedan resistir este embate que considero es el último, porque el juicio madre, que resolverá quiénes son los Consejos legales, está ya en sus últimas etapas y podrán recuperar la administración de toda la cooperativa.
“Y hay buen ánimo.”