El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la reforma electoral que pretende, entre otras cosas, la creación de un nuevo organismo electoral llamado Instituto nacional de elecciones y consultas, que se encargaría de la totalidad de las elecciones en el país, lo que implica la desaparición de los organismos públicos locales electorales.
La reforma electoral propuesta por el presidente también propone disminuir el número de consejeros electorales, pasando de 11 a 7, los cuales serán elegidos a través del voto popular, elegidos de una terna de 60 personas propuesta por los tres poderes del Estado.
El número de legisladores también disminuiría, eliminando aquellos de representación proporcional o plurinominales, con lo cual la Cámara de Diputados pasaría de tener 500 a 300 integrantes, y el Senado tendría 96.
A nivel estatal también tiene una repercusión la reforma electoral, ya que se establece un rango máximo y mínimo de legisladores locales, que sería entre 15 y 45, dependiendo de la población de la entidad, asimismo estipula que el límite de regidores para los ayuntamientos será de nueve.
Adicionalmente, se establece que los partidos políticos solo podrán recibir financiamiento durante las campañas electorales y no puedan disponer de recursos públicos todos los años, como se establece actualmente a través del financiamiento ordinario.
La reforma electoral modifica 18 artículos de la Constitución e incluye siete transitorios. Fue creada por un grupo de trabajo integrado por Horacio Duarte, actual administrador de aduanas; Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; y el secretario de gobernación Adán Augusto, López.
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