Autoridades de Estados Unidos deportaron esta mañana a México a Rafael Olvera Amezcua, accionista principal de Ficrea, quien será puesto a disposición de distintos jueces por acusaciones de fraudes millonarios a miles de ahorradores afectados.
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Funcionarios del gobierno federal revelaron que la Fiscalía General de la República (FGR) ya ejecutó una orden de aprehensión en su contra.
Desde hace más de cinco años, la FGR buscaba la extradición de Olvera Amezcua, ya que pesan sobre él al menos cinco órdenes de aprehensión por diversos delitos, entre ellos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El ex socio mayoritario de Ficrea fue acusado por la FGR como probable responsable de delitos previstos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por operaciones con recursos de procedencia ilícita por 3 mil 407 millones 746 mil 322 pesos.
Hace unas semanas, Olvera Amezcua se amparó contra la orden girada por Sonia Lilia Rodríguez Zetina, jueza Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México, dentro de la causa penal 100/2014, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 230 millones de pesos, a raíz de la compra de 11 inmuebles con dinero de los ahorradores defraudados. Sin embargo, la FGR consiguió cuatro órdenes de aprehensión más.
Las nuevas órdenes corresponden a las causas penales 523/2021, emitida por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur; la 222/2019, del juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.
De igual manera, la 436/2019 correspondiente al juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México y la 248/2021, también de un juez de control en la capital del país.
La correspondiente a la causa penal 248/2021, es por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado por toda la operación de Ficrea y Leadman Trade, donde se reclama un lavado de dinero por 7 mil 500 millones de pesos.