En su primer año de operaciones, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) entregó un contrato de arrendamiento de equipo por 245 millones de pesos a una empresa que no tiene empleados registrados en el IMSS y que, a su vez, subcontrató a una empresa inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública.
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La ex Conasupo entregó a Micro Credit un contrato plurianual con vigencia del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2022 para proveer transportadores helicoidales tipo bazooka y sets de laboratorio destinados para el control de calidad del maíz, frijol, arroz y trigo del programa Precios de Garantía.
Segalmex debía recibir 600 sets de laboratorio y 156 transportadores helicoidales antes del 1 de octubre de 2019; sin embargo, Micro Credit seguía entregando los equipos en marzo de 2020, el último mes auditado por el Órgano Interno de Control. Un retraso de más de 100 días.
Sin embargo, Miguel Carrillo Villarreal, director de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, funcionario encargado de supervisar el cumplimiento del contrato, no aplicó las multas económicas correspondientes por los retrasos. Incluso, la dependencia ha realizado pagos mensuales a la empresa hasta por 8 millones de pesos a pesar de no haber recibido los bienes en el tiempo pactado.
Además de Carrillo, el contrato fue firmado por René Gavira Segreste, ex director de Administración y Finanzas.
Fue en el Órgano Interno de Control de Diconsa donde se descubrió que Micro Credit no tenía registrados trabajadores activos ante el IMSS y que subcontrató a Multicorporación Brexot, una empresa que fue inhabilitada en 2020 por entregar fuera de tiempo 250 ventiladores que el ISSSTE había adquirido para hacer frente a la pandemia de Covid-19.
Según una auditoría interna del ISSSTE, esos ventiladores tuvieron un sobrecosto de 250 millones de pesos, deterioraron la condición de dos pacientes y condicionaron el fallecimiento de uno más en el Hospital 20 de Noviembre de la CDMX porque fallaban súbitamente y no eran volumétricos, que son los requeridos para tratar a enfermos de Covid-19.
En julio de 2021, también se documentó que Ana Valeria Quintana Contreras, una joven de 24 años y residente de una colonia popular, aparecía como accionista de Gentsai Hoon, la cual formaba parte de una red de seis empresas irregulares que recibieron 800 millones de pesos de Segalmex. De acuerdo con actas del Registro Público del Comercio, Ana Valeria también es representante legal de Multicorporación Brexot.
Destituyen por transas a 3 jefes de Segalmex
La semana pasada se informó que, tras detectar irregularidades atribuidas a servidores públicos, proveedores y prestadores de servicios de Segalmex, tres mandos fueron destituidos.
La Presidencia de la República informó este miércoles sobre la destitución de tres directores de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y el nombramiento temporal de otros servidores públicos en tres áreas: las direcciones Comercial y de Operaciones de Liconsa, así como la Unidad de Asuntos Jurídicos.
La separación del cargo se concretó luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó hallazgos de transas tras fiscalizar el ejercicio del gasto en Segalmex, Liconsa y Diconsa, correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021.
Según Presidencia, como consecuencia de las posibles irregularidades, se presentaron denunciasante la Fiscalía General de la República (FGR), ya que los hechos podrían derivar en responsabilidades administrativas o penales.
Ayer, Ignacio Ovalle, director de Segalmex, designó a Manuel Lozano Jiménez, como director de Comercialización de Liconsa.
Por otro lado, de acuerdo con documentos de Liconsa, Bernardo Fernández Sánchez, aparece como titular de la dirección de Operaciones.
Este último, laboró en el pasado en la compañía Grupo Kosmos, una de las empresas mencionadas en las investigaciones por lavado de dinero que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) a una red de particulares que, desde México, han provisto alimentos con sobreprecio al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Agencia Reforma