Un tribunal federal ordenó a un juez de control resolver de nueva cuenta si Emilio Lozoya debe o no continuar sujeto a la prisión preventiva justificada por el caso Odebrecht.
Por instrucciones de Isabel Porras Odriozola, Magistrada titular del Tercer Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, este miércoles a las 13:30 horas se llevará a cabo la audiencia en la que se definirá si el ex director de Pemex continúa o abandona el Reclusorio Norte.
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La Magistrada consideró que la prisión preventiva que le impuso el pasado 3 de noviembre el Juez de control Artemio Zúñiga Mendoza, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, tiene aspectos que no están debidamente fundados ni motivados.
A diferencia del Caso Agronitrogenados, donde la semana pasada otra Magistrada ordenó la libertad de Lozoya, Porras Odriozola puntualiza que el Juez Zúñiga Mendoza, a la hora de pronunciarse de nueva cuenta, tiene la libertad de jurisdicción para liberar al procesado o volverle a imponer la prisión preventiva.
Lozoya sólo abandonaría la cárcel si, en la audiencia de este miércoles, el Juez Zúñiga da un giro de 180 grados y decide fallar la medida cautelar en el sentido contrario a como lo resolvió hace poco más de dos meses.
Esto es así porque el ex funcionario ya tiene el camino zanjado por lo que toca a la medida cautelar en su otro proceso.
Apenas el pasado jueves, Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, titular del Primer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, dejó sin efecto la prisión preventiva que el mismo juez le impuso el 10 de noviembre pasado al procesado en el Caso Agronitrogenados.
En su resolución, instruyó fijarle nuevamente las medidas cautelares a las que previamente estaba sometido; es decir, el uso de un brazalete electrónico, la firma quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares, y el retiro de la visa y el pasaporte.
Para la Magistrada Rodríguez, a diferencia de lo que dijo el juez, no está acreditado que hayan variado las condiciones objetivas que en su momento le permitieron gozar de su libertad provisional.
Lo que significa que la justificación de su arraigo en la ciudad, sus vínculos familiares y recursos económicos son los mismos antes y después de que lo encarcelaran.
Lozoya está procesado en el Caso Odebrecht por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.
La imputación original radica en que directivos de la constructora brasileña lo sobornaron con al menos 10.5 millones de dólares para conseguir los contratos de obra en la Refinería de Tula, Hidalgo.
Sin embargo, en su escrito de acusación, la FGR dejó fuera las operaciones financieras que ya no podían ser sancionadas por prescripción y señaló sólo 6 millones de dólares de sobornos y un lavado de un millón 385 mil dólares.