El acervo aún en manos de Fomento Cultural Banamex contiene piezas de tal importancia e impresión que, a percepción del doctor en economía Ernesto Piedras, resulta muy difícil tasar su valor.
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“Por ejemplo, el trono que había para cuando viniera a México el Emperador español, que lo tienen en el Palacio de Iturbide, o el mismo Palacio de Iturbide, así como toda la obra virreinal que tienen”, dice en entrevista el economista, director general de The Competitive Intelligence Unit.
Este acervo, integrado por inmuebles coloniales, colecciones de arte pictórico y escultórico, además de arte popular y un archivo histórico, fue valuado por Banamex en 64.5 millones de dólares hace dos décadas, un monto que, a partir de dicho cálculo, el Departamento de Análisis de REFORMA estima que hoy alcanzaría casi los 100 millones de dólares, considerando solamente el índice de precios de Estados Unidos.
Con su venta, junto con la banca minorista e infraestructura de la institución, no hay certeza de que el futuro comprador lo mantenga íntegro.
“No tengo acceso al catálogo de la obra y de todo lo que se va a poner en juego, pero son piezas que yo normalmente más bien califico como invaluables”, insiste Piedras.
Auténtico patrimonio que, como tal, está protegido por la Ley General de Bienes Nacionales, impidiendo su comercialización.
“Sinceramente me sorprendió que (Banamex) incluyera este componente en el elemento de desincorporación. No creo que les preocupe o interese tanto la parte del lucro, de la monetización por estas piezas que son patrimonio nacional y, por lo tanto, no son susceptibles de venderse al extranjero”, comparte.
“O sea, no estamos hablando de una mercancía susceptible de ponerse a subasta en el mercado internacional, porque en ese momento aplicarían leyes nacionales de protección a esta obra”.
Lo preocupante, en todo caso, es el conjunto de obra desprotegido legalmente y que el futuro comprador podría comerciar sin impedimentos, como son las pinturas que no están catalogadas como monumento.
Para guarecer el destino de tales piezas, el especialista en política cultural Carlos Lara y la organización de activismo jurídico Artículo 27 están delineando una propuesta mediante la cual, entre otras posibilidades, las autoridades puedan adquirir de manera separada parte del acervo, negociando a partir de los impuestos que la compraventa de Banamex generará.
En el momento que dicha operación pase por la aduana del Estado, explica Lara, éste puede negociar la compra a través de una estrategia fiscal que, básicamente, consistiría en adquirirlo a cuenta de impuestos futuros.
“Crear un patronato, una figura público-privada donde estén, por supuesto, las Secretarías de Estado -Cultura, con el INBA y el INAH; Hacienda, y hasta la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México-, pero también cualquier empresario que quiera adherirse.
“Hablo de Fundación Cultural Slim; de Arte y Cultura, de Grupo Salinas, o de Fundación Cultural Televisa”, amplía Lara. “(Que se les convoque diciendo): ‘Señores empresarios, éntrenle a un programa para hacer del pueblo mexicano este acervo'”.
Y, reitera, no sería ir por la totalidad del acervo, sino por aquellas piezas susceptibles a comercializarse.
Una operación a mediano y largo plazo diametralmente distinta a la expropiación planteada hace dos décadas por el hoy Canciller Marcelo Ebrard como vocero del “Comité Pro-Defensa del Patrimonio Cultural Banamex”, que entonces exigía mantener la integridad del acervo ante la compra de Banamex por parte de Citigroup.
La propuesta de Ebrard sobre el acervo de Banamex
Ebrard, ahora, ha propuesto nacionalizar el acervo a manera de retribución por los cuantiosos recursos públicos destinados a salvar a la banca mediante el Fobaproa.
“Si el problema es el nacionalismo, este nacionalismo rancio de la 4T, lo resuelves diciendo: ‘Vamos a adquirir aquel patrimonio que no está declarado por ley. No todo el patrimonio'”, remarca Lara.
“Ahí me parece que el Estado estaría creando condiciones para que el sector privado, a cuenta de impuestos futuros, pueda hacer de un recurso que iba a entrar al Estado por impuestos, pues que entre con estos bienes”.
Claro que para esto, subraya, lo primero es que las propias autoridades se pregunten: ¿Para qué quieren este acervo? En especial cuando la actual Administración ha demostrado su fracaso en la gestión y conservación del patrimonio.
Luego, habiendo decidido que tales bienes deben ser públicos, admitir que no cuenta con recursos suficientes -“hoy menos que nunca, porque todo está concentrado en Chapultepec, en ocurrencias como el Aeropuerto (Felipe Ángeles), el Tren Maya y tal”-, y que necesita echar mano de la Iniciativa Privada.
Específicamente en lo que toca a cultura, Piedras destaca que en México se ha logrado una dupla muy virtuosa entre el sector público y el privado, con instancias como Fundación Jumex o el propio Fomento Cultural Banamex cumpliendo una importante labor.
“Pensar en una suerte de nacionalización o estatización, a mí no me gusta como figura que rompa esta dupla que estoy describiendo. Yo sí prefiero que estén las dos operando y que así continúen.
“Y menos cuando se habla ya en términos de retórica política, casi yo llamaría hasta panfletera, de ‘para resarcir al pueblo los saqueos de los que ha sido víctima’. No, aquí estamos hablando de otra cosa. Original e irrenunciablemente, el patrimonio ya es propiedad de la Nación”, apunta el economista.
Independientemente de quien vaya a ser el nuevo responsable de este acervo, Piedras apunta a vigilar que se respete tanto la protección que la legislación le otorga como el blindaje con que actualmente cuenta de manera interna en la institución.
“Que se cuide, para que en manos de quien quede, quede con una responsabilidad de preservación, de exhibición y hasta de acrecentamiento de este patrimonio, como lo hizo Banamex”.
Agencia Reforma