Ahora por el caso Agronitrogenados, la Fiscalía General de la República solicitó a un juez federal condenar a Emilio Lozoya a 15 años de prisión por el delito de lavado de dinero.
En su escrito de acusación presentado el jueves pasado al juez de control Artemio Zúñiga Mendoza, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la dependencia también pidió imponerle el pago de hasta 5 mil días multa, informaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.
La FGR también pidió al juzgador ordenar el decomiso de la casa del ex director de Pemex localizada en el número 11 del Conjunto Residencial La Retama, en Calle Ladera 20, en Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, la cual está asegurada desde el 28 de mayo de 2019.
Por separado, a fines del año pasado la Fiscalía también presentó una demanda de extinción de dominio contra este inmueble, lo que significa que ahora busca por dos vías legales diversas la apropiación de esta residencia en favor de la Federación.
Adicionalmente, la FGR solicitó en su acusación imponerle a Lozoya el pago de una reparación del daño por 3 millones 400 mil dólares, equivalentes a 70 millones 652 mil pesos, monto del soborno que supuestamente recibió en el caso Agronitogenados.
También requirió al juez suspender de los derechos políticos del ex funcionario. Conforme a la información obtenida, la FGR incluyó un total de 121 datos de prueba para sustentar su acusación, entre ellos varios testimonios de servidores públicos y peritos, documentos bancarios entregados por autoridades de Estados Unidos, Brasil e Islas Vírgenes, así como dictámenes contables y análisis patrimoniales.
A pesar de que el 3 de noviembre pasado consiguió que Lozoya fuera encarcelado, en su escrito acusatorio la Fiscalía le ofrece una salida: si entrega su casa de Lomas de Bezares y paga la reparación del daño de 70 millones 652 mil pesos, el proceso será cancelado. Es decir, si suscribe en acuerdo reparatorio en esos términos, quedaría libre por lo que toca a esta acusación en específico.
La penalidad solicitada por la FGR contra Lozoya en este asunto es la máxima prevista para el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, referido comúnmente como lavado de dinero.
Esta es la segunda acusación que presenta la FGR ante la justicia federal contra el ex funcionario, luego de que el pasado lunes pidiera en el caso Odebrecht una condena de 39 años de cárcel, la pena máxima prevista en conjunto por los delitos de lavado, asociación delictuosa y cohecho.
Si, llegado el caso, el ex funcionario no llegara a un acuerdo con la FGR y fuera condenado en ambas causas penales, las sentencias las cumpliría en forma simultánea, es decir, no serían sumados los castigos.
Por ahora, está corriendo un plazo de 3 días para que el juez notifique la acusación a Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera. Una vez cumplido el trámite, notificará a la defensa y le dará 10 días para que responda por escrito el texto acusatorio.
De no haber un arreglo, cumplidos los pasos anteriores, el juez convocará a una audiencia intermedia en la que serán debatidas y depuradas las pruebas ofrecidas por las partes para irse al juicio.
La acusación de la FGR
El 25 de mayo de 2019 un juez de control ordenó la aprehensión de Emilio Lozoya por lavado de dinero, porque supuestamente recibió un soborno de 3.4 millones de dólares de Altos Hornos de México (AHMSA) para que Pemex comprara la planta “chatarra” de Agronitrogenados.
Esta planta localizada en el complejo de Pajaritos, Veracruz, fue comprada en 273 millones de dólares, precio que la nueva Administración federal sostiene que fue inflado hasta 10 veces más de su valor real.
Los depósitos del presunto soborno se registraron antes de diciembre de 2012, cuando fue nombrado director de Pemex.
El hoy procesado ha dicho que ese dinero corresponde a los honorarios que cobró a AHMSA por dos contratos de servicios de consultoría inmobiliaria, relacionados con el tren interurbano México-Toluca y un proyecto ferroviario en Coahuila. Dicha versión la ha ratificado Alonso Ancira, el dueño de la siderúrgica.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que en realidad estos convenios fueron el instrumento para pagar un soborno anticipado, con la finalidad de que en 2013 Lozoya empujara en Pemex la compra de la planta “chatarra” de Agronitrogenados.
Tanto Lozoya como Ancira ofrecieron a la Fiscalía estos contratos fechados el 1 de marzo y el 25 de octubre de 2012. El primero ascendió a 400 mil dólares y el posterior a 3 millones de dólares.
Lozoya pidió a AHMSA que le depositara el dinero en una cuenta registrada a nombre de Tochos Holding, en las Islas Vírgenes Británicas, misma que la FGR afirma que fue el destino final de una parte de los sobornos de Odebrecht.
Los 3.4 millones de dólares fueron pagados en cinco transferencias, entre el 12 de junio y 28 de noviembre de 2012.
La FGR sostiene en su acusación que con los pagos de AHMSA, Lozoya pagó su casa de 38 millones de pesos en el Conjunto Residencial La Retama de la Colonia Lomas de Bezares, motivo por el que ahora la pretende decomisar.
En este asunto, también se libró la capturas de Alonso Ancira, dueño de AHMSA.
El empresario fue extraditado de España el 3 de febrero de 2021 y abandonó el Reclusorio Norte el 19 de abril, tras llegar a un acuerdo reparatorio en el que se comprometió a pagar 216 millones 664 mil 40 dólares a Pemex.
Agencia Reforma
Te puede interesar: Suma Aeroméxico hoy 47 vuelos cancelados por contagios