Por haber denunciado ante la FGR a quienes votaron a favor de aplazar la revocación de mandato, las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazaron la “persecución penal” del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.
Los 11 integrantes del Consejo General afirmaron que dicha denuncia es una acción injustificada y sin sustento jurídico que busca inhibir la independencia con la que resuelven los asuntos de su competencia.
“Es muy preocupante que el Presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado”, señalaron.
“Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen”.
El morenista Gutiérrez Luna denunció penalmente a seis consejeros electorales por el acuerdo con el que decidieron posponer temporalmente la organización de la consulta de revocación de mandato, debido a la falta de presupuesto.
La denuncia de Gutiérrez es por coalición de servidores públicos, abuso de autoridad, y otros delitos en agravio del servicio público. La denuncia también incluye al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.
“Por encima de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las Consejeras y Consejeros electorales del INE rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros, y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía”, subrayaron en el posicionamiento.
“Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión”.
En un Estado democrático de Derecho, subrayaron los consejeros, incluido el presidente del INE, Lorenzo Córdova, las diferencias de opinión y de votos son naturales, se respetan y no se persiguen como delitos.
Enfatizaron que las decisiones del Consejo General del INE pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, por lo que la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida.
“Serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia sobre este asunto lo que en Derecho corresponda y, el INE, como siempre, acatará esas decisiones”, agregaron.
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