En un grupo de ciudadanos y organizaciones dedicadas a la protección del medio ambiente presentaron un amparo colectivo en contra del “decretazo” del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el que ordena se otorguen autorizaciones fast-track a la obras prioritarias, a las cuales denomina de interés público y seguridad nacional.
El acuerdo, -conocido como decretazo- publicado el 22 de noviembre de 2021, acusaron, viola distintos derechos consagrados en tratados internacionales, así como establecidos en la Constitución referidos al cuidado al medio ambiente y a la participación de las comunidades originarias.
“El acuerdo viola la obligación de aplicar el principio de precaución en la política pública en materia ambiental; se crea una situación jurídica de afectación a los quejosos; se violan derechos constitucionales y convencionales a la participación y consulta previa libre e informada de las comunidades indígenas.
“También, se crea una situación jurídica excepcional que se vuelve estado base para todo el sector de obras y proyectos del Gobierno de México y esta situación vulnera gravemente el principio de desarrollo sustentable; se viola la obligación del Estado mexicano a la construcción de un desarrollo participativo y transparente considerando a los grupos, las comunidades y los ecosistemas vulnerables”, indicó Fátima Fernández, integrante de Abogacía contra la Crisis Climática.
El decretazo, recordó, instruye a todas las dependencias y entidades del gobierno federal a otorgar en un plazo máximo de cinco días permisos o autorizaciones relacionadas con las obras de los proyectos regionales de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo; además, en caso de no darse en ese término, considerarse como otorgadas.
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Esto, explicó en entrevista, evidentemente vulnera el principio de precaución, referido a la adopción de medidas protectoras ante la sospecha de afectación al medio ambiente, e impide la consulta y la participación de las comunidades indígenas en los proyectos que alteren los lugares en donde habitan.
“Lo que hace el acuerdo es que en vez de llevar a cabo los procesos y las garantías que están contemplados en las leyes especiales, como son la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Desarrollo Forestal Sustentable o cualquiera que tenga como propósito la protección al medio ambiente sano y de los derechos ambientales, sociales y culturales, pasa por encima de todos esos derechos”, aseguró.
El amparo, informó, está suscrito por cuatro personas morales y 40 físicas y en él se solicita que el Poder Judicial otorgue una suspensión de plano al acuerdo debido a que la afectación se está dando desde la fecha de su publicación.
Fernández dijo que los defensores del medio ambientes continuarán realizando su labor pese a las críticas formuladas por López Obrador, quien la semana pasada los llamó farsantes.
“La comunidad activista y de derechos humanos, sociales y ambientales en México estamos observando atentamente la incorrecta gestión y política ambiental y climática que se está llevando y tomando las medidas acordes, estamos luchando por esta generación y la que viene y nuestro derecho a un mundo en el que nosotros y nuestra descendencia pueda habitar con dignidad. Aquí estamos y aquí permaneceremos”, indicó.
Agencia Reforma