La demanda civil de México contra fabricantes y distribuidores de armas que propician su tráfico no es un acto intervencionista ni contra el Gobierno de Estados Unidos, afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
“La demanda es en contra del comercio negligente de armerías y distribuidoras no contra el Gobierno de Estados Unidos. Tampoco se trata de un acto intervencionista, pues el Estado mexicano ha recurrido al sistema legal de los Estados Unidos, que consideramos imparcial y que las empresas conocen bien”, sostuvo la Cancillería en un pronunciamiento difundido este domingo.
La dependencia aseguró que el tráfico ilícito de armas es un tema de interés para México y para la región entera, la cual presenta los índices más altos de violencia con armas de fuego del mundo.
Según la dependencia, pese los contextos nacionales específicos, la violencia que propicia el tráfico de armas tiene consecuencias de gran magnitud en la calidad de vida de las poblaciones, así como en el desarrollo de los países.
“En muchos casos, porcentajes considerables de las armas que se encuentran en el mercado ilegal de nuestros países provienen de Estados Unidos”, aseveró.
Tras sostener una reunión, expuso la SRE, embajadores de países de América Latina y el Caribe agradecieron a México por compartir la estrategia del litigio y coincidieron en que la violencia que propicia el tráfico de armas de fuego es un desafío compartido en la región.
La Secretaría explicó que este esfuerzo legal se inició por instrucción del Canciller Marcelo Ebrard tras la masacre de mexicanos en El Paso, Texas, en agosto de 2019, y otros incidentes con armas de alto calibre que ocurrieron después en el País.
El 27 de enero próximo, el juez Dennis F. Saylor, de la Corte para el Distrito de Massachusetts, presidirá una audiencia para resolver si desecha la demanda civil de México contra ocho fabricantes de armas estadounidenses a los que busca cobrar indemnizaciones y hacer corresponsables de la violencia en el País.
En la audiencia las partes expondrán sus argumento y el juez decidirá si acepta las mociones de desechamiento, presentadas por las empresas demandadas, tanto de manera conjunta como individual.
El Gobierno mexicano tiene hasta el 23 de diciembre para replicar las mociones y las empresas deben entregar sus contrarréplicas a más tardar el 10 de enero.
Agencia Reforma
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