La presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, no admitió la solicitud que 53 senadores de Oposición le habían formulado para promover una controversia constitucional contra el polémico “decretazo” con el que el Presidente López Obrador cerró al escrutinio público todos los contratos de obra pública en aras de salvaguardar la seguridad nacional.
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Olga Sánchez Cordero, la presidenta de la Mesa Directiva, informó que la opinión jurídica que había solicitado consideró improcedente la solicitud.
La ex Ministra explicó en Twitter que, conforme a los criterios adoptados por la Suprema Corte, el Senado “carece de interés para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente @lopezobrador, como lo solicitaron diversos senadores y senadoras.
“En respuesta, desde la perspectiva técnica, la presentación de una controversia es improcedente, pues, en mi opinión, es inexistente el principio de agravio respecto del Senado. Lo anterior, no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial.”
En opinión de la senadora, otros organismos constitucionales, entidades, poderes u órganos, bajo la perspectiva de interés legítimo y la existencia de un principio de afectación, podrían encontrar motivos para interponer una controversia constitucional.
“La presidencia del Senado mexicano representa la unidad. Y esta implica escuchar todas las voces, como siempre lo he hecho, pero también respetar los procesos legales y tomar decisiones con sustento jurídico y no político por el bien de esta máxima tribuna de los mexicanos.”
El 25 de noviembre pasado, 53 legisladores de Oposición habían reclamado la firma de Sánchez Cordero para promover una controversia constitucional contra el “decretazo”.
Sin embargo, Sánchez Cordero se excusó tras explicar que tenía duda y debía solicitar previamente una opinión jurídica.
“Quiero ser muy transparente, necesito una opinión jurídica. Tengo mis serias dudas y quisiera argumentos sobre el interés y legitimación del Senado para promover la controversia. Y no tengo respuesta sobre la legitimación del Senado”, aclaró.
Los senadores advirtieron que el “decretazo” con el que el Poder Ejecutivo pretende apurar las obras de infraestructura pública, alegando cuestiones de seguridad nacional en perjuicio de la transparencia, pretende establecer un régimen de excepción.
Decretazo no obstaculizará fiscalización, afirma ASF
El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, aseguró que el decreto que blinda las obras públicas del Gobierno federal al declararlas de interés público y de seguridad nacional no será un obstáculo para la fiscalización de las mismas.
En reunión con los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue cuestionado sobre los alcances del decreto y de las acciones que llevará a cabo para garantizar la transparencia de los proyectos prioritarios del Gobierno Federal.
En respuesta, Colmenares aseguró que la institución a su cargo ha tenido acceso a los documentos relacionados con temas catalogados bajo el criterio de la seguridad nacional.
El Auditor Superior confió en que, como ha ocurrido hasta ahora, seguirán fiscalizando esos temas sin obstáculos.
“Obviamente para la fiscalización no ha sido un obstáculo, ni lo será en el futuro”, aseguró.
Agencia Reforma