Un juez federal aplazó para el próximo 31 de enero a las 9:00 horas la audiencia de imputación contra Ricardo Anaya, por supuestamente haber recibido un soborno de 6 millones 800 mil pesos para aprobar la reforma energética, pero le advirtió que en la próxima diligencia deberá comparecer en forma física.
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Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del centro de justica penal adscrito el reclusorio Note, advirtió al panista que en caso de no asistir a la audiencia que se reprogramó para el 31 de enero a las 9:00 horas, la FGR podrá ejercer su facultad para hacer uso de cualquier medio para presentarlo ante la justicia.
Durante la audiencia en la que sería imputado por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, Ricardo Anaya, quien vestía una camisa a cuadros azul, solicitó previo a la imputación que se le permitiera hablar a su abogado Eduardo Aguilar Sierra.
El juez permitió el uso de la palabra al litigante, quien pidió que se difiriera la audiencia por 40 días, tiempo que requiere para llevar a cabo una adecuada defensa debido que la carpeta de investigación contra su cliente consta 137 mil fojas. Indicó que necesitaría de ocho horas por día para completar esta tarea, lo que llevaría 284 días.
“La acusación es absurda y completamente falsa, y necesito tiempo para demostrarlo”, declaró el litigante.
Por su parte, el juez de control señaló que el 5 de noviembre se resolvió que era improcedente el recurso para tratar de aplazar la audiencia porque ya hay dos diferimientos. Sin embargo, el abogado dijo que sólo se ha aplazado una vez la audiencia de agosto.
El juzgador consultó a los fiscales si se oponían o no a la petición de la defensa de Anaya, a lo que respondieron que avalaban tal solicitud y respetaban la decisión que emitiera el juez, quien a su vez volvió a preguntar si se oponían y la FGR respondió que no.
Los integrantes de la Unidad de Inteligencia Financiera tampoco se opusieron y tampoco los representantes jurídicos de la Cámara de Diputados.
Ante esta situación, marco Antonio Fuerte Tapia consideró que para que no se afecte el debido proceso y a petición de la defensa y sin oposición de la FGR, reprogramó la audiencia para el 31 de enero de 2022, pero le advirtió a Anaya que debe presentarse físicamente.
El caso Anaya
El caso contra el panista derivó de la denuncia presentada por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en la que señaló a 70 personas por actos de corrupción y con la que busca que la FGR le otorgue un criterio de oportunidad para librar las acusaciones que enfrenta por Odebrecht y Agro Nitrogenados.
De los 70 mencionados, el excandidato presidencial será el segundo en comparecer ante un juez para escuchar la imputación y las pruebas que la FGR tiene en su contra.
En su denuncia, Lozoya dijo que fue instruido por Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, para entregarle 6 millones 800 mil pesos a Anaya para que votara por la reforma energética.
El exdirector de Pemex indicó que su exjefe de escoltas, Norberto Gallardo, fue el encargado de dar a Anaya dicha cantidad en 2014 en las instalaciones de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el panista afirmó que en 2014 él no era diputado federal pero, de acuerdo con la FGR, en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados donde se aprobó la reforma energética, existe constancia de que el excandidato votó a favor de la modificación.
La denuncia de Lozoya había servido al exfuncionario para negociar con la FGR un criterio de oportunidad y que los fiscales no solicitaran sujetarlo a prisión preventiva justificada, beneficio que disfrutó durante 15 meses. Luego de darse a conocer las fotos donde el exdirector de Pemex aparece cenando en un lujoso restaurante de la Ciudad de México, la fiscalía cambió la postura y desde el 3 de noviembre Lozoya permanece sujeto a prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte.