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Videgaray se deshace de la inhabilitación de la Función Pública de López Obrador

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Imagen de la cuenta de Twitter del ex canciller.

Irma Eréndira Sandoval, ex titular de la Función Pública.

El ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, logró detener la inhabilitación de 10 años que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP), por acreditarse falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales durante el tiempo que desempeñó este cargo.

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Esta información fue confirmada por la propia Función Pública a MILENIO, a través de solicitudes de acceso a la información, aunque clasificaron los detalles como reservados por un año para “salvaguardar la imagen de la persona involucrada”.

Sin embargo, a pesar de la negativa a entregar la información, una revisión hecha en el Tribunal de Justicia Administrativa revela que el funcionario obtuvo la suspensión a la inhabilitación el 3 de agosto de este año.

El expediente 16052/21-17-13-6, radicado en el Tribunal de Justicia Administrativa Federal, revela que, el pasado 30 de junio, Videgaray presentó un juicio de nulidad para dejar sin efectos la inhabilitación de 10 años que le impuso la dependencia federal durante la gestión de la ahora ex secretaria Irma Eréndira Sandoval.

Esto quiere decir que el ex secretario de Hacienda tomó acciones apenas unos 20 días después de la que la SFP enviara un comunicado el 8 de junio revelando que lograron acreditar “la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones del gobierno federal”.

Investigación contra Videgaray inició por Agronitrogenados

La investigación patrimonial inició en junio de 2019, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

Hoy se sabe que fue una planta chatarra comprada por la administración de Enrique Peña Nieto a sobreprecio y en la cual Videgaray habría estado involucrado y que, incluso, devino en una investigación en la Fiscalía General de la República.

“La sanción que hoy se informa es lo máximo que permite la ley dentro del procedimiento de responsabilidades por las omisiones en las declaraciones patrimoniales de un servidor público”, dijeron en ese entonces en la SFP.

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