Un juez federal ordenó detener a 10 implicados en el caso de desvío de recursos públicos y lavado de dinero por el que son buscados la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.
Fuentes federales confirmaron que el juez de control Iván Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró las órdenes solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada y lavado de dinero.
El impartidor de justicia ordenó la aprehensión del ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Eduardo Guerrero Durán, así como de nueve personas más, quienes presuntamente son responsables de un desvío de más de 3 mil millones de pesos, asunto que guarda relación con Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont.
Las órdenes de captura incluyen a Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; y Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales de ese organismo.
Las factureras, empresas vinculadas al esposo de Gómez Mont
La FGR señaló que fueron desviados 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras supuestamente vinculadas a Álvarez Puga y que ese dinero provenía de dos contratos con el OADPRS.
Los contratos fueron otorgados para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS para diversos penales federales y el otro para la adquisición de la interconexión de otros tres centros federales de readaptación social.
De los exfuncionarios que la FGR busca detener por este caso, Paulo Uribe ya cuenta con citatorio para audiencia por otro caso, que se realizará el próximo 18 de octubre.
En esa diligencia, la FGR buscará imputar el pago a sobreprecio de 62 mil millones de pesos por el otorgamiento de contratos multianuales, durante la administración de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, a empresas como ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco para la construcción de un penal privatizado con capacidad para 20 mil internos.