La FGR está cazando y deteniendo a los policías que participaron en la masacre ocurrida en el municipio michoacano de Tanhuato en el que 42 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación fueron abatidos por los elementos de la extinta Policía Federal.
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Se trata del oficial al mando y 43 agentes que, de acuerdo con la investigación, después del enfrentamiento alteraron los cuerpos y las evidencias para aparentar que se había tratado de un enfrentamiento y no de una ejecución extrajudicial.
El ex mando de la PF que es buscado por la Fiscalía se llama Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, y es el actual titular de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y, al parecer, huyó en cuanto supo que estaba en la lista de la FGR.
Las versiones preliminares han indicado que Serrano Escobedo salió de Ciudad Juárez por la madrugada y no responde en sus teléfonos celulares.
Algunos elementos de la extinta Policía Federal y que trabajan actualmente en la Guardia Nacional fueron llevados con el engaño de que iban a tomar un curso de capacitación, pero en cuanto arribaron a las instalaciones del Centro de Mando fueron esposados y detenidos.
Que ocurrió en Tanhuato
Todo comenzó el 21 de mayo de 2015 cuando la administradora del rancho denunció que el 17 de ese mismo mes un grupo armado de entre 25 y 30 sujetos habían roto el candado de acceso e ingresaron al inmueble.
Los integrantes de la entonces Policía Federal irrumpieron en el rancho el Sol, en Tanhuato, el 22 de mayo de 2015. En ese lugar, los agentes habrían ejecutado de forma arbitraria al menos a 42 civiles mediante el uso excesivo de la fuerza y supuestamente alteraron la escena.
Dentro del informe elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, identificado como 4VG/2016, los agentes presuntamente alteraron la escena del crimen, toda vez que existen imágenes en dicho documento donde la misma persona sale con arma de fuego, sin arma de fuego, con más o menos ropa, lo que representó una variación en la evidencia recopilada por los agentes que participaron en estos hechos.
Tras años de análisis, recomendaciones y el seguimiento de la investigación, se reveló que los agentes federales habrían alterado las evidencias, incluso habría una gran probabilidad de que sembraron algunas armas a las personas que habían muerto en el lugar, lo que corresponde a una violación a los derechos humanos por haber incurrido en una ejecución extrajudicial en la que incurrieron al violar reglas, normas y protocolos oficiales.