De madrugada, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En su primera medición de fuerzas en la nueva Cámara Baja, la propuesta de nueva ley se aprobó, en lo general, con 273 votos a favor y 220 en contra, y en lo particular de los artículos más cuestionados, después de debatir 61 reservas a 38 artículos con 40 oradores, avanzó con 266 votos a favor, 205 en contra y se turnó al Senado para su discusión y votación.
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La nueva ley obliga a los Congresos locales a acatar las decisiones de desafueros del Congreso federal y evitar que se repitan casos como el del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
Sin dictamen, con la dispensa de todos los trámites y con “urgencia y obvia resolución”, dado que en San Lázaro aún no hay comisiones conformadas, la oposición asegura que la nueva ley es un instrumento aprobado “por consigna”, “para la persecución política”, con “venganza y revanchismo” y “solo para perseguir a los adversarios políticos”.
El objeto de esta ley es regular los sujetos de responsabilidad política en el servicio público, las causas y sanciones en el juicio político, los órganos competentes y el procedimiento en el juicio político.
Asimismo, indica que, si la resolución dictada en el juicio político es condenatoria, se sancionará a la persona servidora pública con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público desde diez hasta treinta años.
En cuanto a la responsabilidad Penal del Presidente de la República, el dictamen indica que durante el tiempo de su encargo podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano.
Cuatro diputados ya pidieron licencia
Apenas inició la 65 legislatura y cuatro diputados ya pidieron licencia o se cambiaron de bancada.
Durante la primera sesión ordinaria, el petista Francisco Javier Huacus Esquivel notificó su intención de incorporarse al grupo parlamentario del PRD, mientras que la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, también del PT, notificó su intención de dejar su bancada e integrarse al grupo parlamentario de Morena.
En tanto, el diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez, de Morena, solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas a partir del 1 de septiembre de 2021, ya que ocupará el cargo de delegado de los programas sociales del gobierno federal en Nayarit.
Mario Alberto Torres Escudero, también morenista, hizo lo propio y pidió licencia a su cargo por motivos personales.
En los cuatro casos, la presidencia de la Mesa Directiva, a cargo de Sergio Gutiérrez Luna, avaló las solicitudes.