Un grupo de individuos armados mantiene retenidos desde el jueves a tres trabajadores del programa federal Sembrando Vida, en la comunidad El Durazno, en Coyuca de Catalán, Guerrero, informó ayer el Secretario del Ejido Guajes de Ayala, Javier Hernández.
Indicó que los empleados, identificados como Mariela Real, Mireya Real y Gilberto Tapia, se dirigían a la comunidad El Pescado, donde iban a inscribir a campesinos que quieren dejar la siembra de amapola.
Otros cinco trabajadores, detalló, pudieron llegar a dicha localidad y fueron ellos quienes dieron aviso sobre el plagio de sus compañeros.
“Estamos pidiendo la intervención de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano porque se teme por la vida de los tres jóvenes”, expresó el ejidatario.
“Queremos vivir en paz y es por eso que estamos pidiendo al Gobierno de Andrés López Obrador que intervenga (para pedir la libertad de los trabajadores)”, añadió.
El tema de los trabajadores fue tratado en la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, que encabezó ayer el Gobernador Héctor Astudillo, en la que se da seguimiento a los indicadores delictivos de la entidad.
Hasta el momento no se ha dado información sobre los trabajadores.
En tanto, en el vecino Estado de Oaxaca, los más de 50 elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales, retenidos desde el miércoles por habitantes desplazados de la agencia municipal de Río Santiago, fueron liberados luego de que el Gobernador Alejandro Murat intercediera en las negociaciones.
“Yo sufro cuando sufren mis paisanos, mis paisanas, y ya no quiero verlos sufriendo, por eso estoy aquí, para ocuparme de todos ustedes y que restablezcan su vida de manera normal”, dijo Murat tras arribar al municipio de Santiago Textitlán, donde se ubica dicha agencia.
El Mandatario fue acompañado por el secretario general de Gobierno, Francisco García López, y el representante de la Segob, José Carlos Fuentes.
Entre los acuerdos, destaca que la Segego y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) acompañaran a la comisión de ciudadanos de Río Santiago a una audiencia con el Fiscal el próximo lunes. Se convino además que los daños a las personas desplazadas sea resarcidos.
También que la Guardia, en coordinación con la Policía estatal, tengan una mayor presencia en la zona y que los ministeriales sigan recabando denuncias en sus investigaciones por el desplazamiento.
El año pasado surgió un conflicto entre pobladores de las agencias de Xochiltepec y Río Santiago por los recursos municipales y la inseguridad en esa región, además de que sostienen viejos conflictos agrarios.
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