La Suprema Corte de Justicia autorizó ayer la expedición generalizada de permisos individuales para consumo recreativo de cannabis, ante el fracaso del Congreso para aprobar una ley que regule esta materia.
Por 8 votos contra 3, el Pleno de la Corte declaró la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley General de Salud (LGS) que prohibían absolutamente el consumo de cannabis.
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“Se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud autorice en lo sucesivo las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, respetando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1 de la Constitución”, ordenó la Corte.
La Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es la autoridad que tiene que conceder permisos a las personas mayores de 18 años para “la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte del estupefaciente”, sin que se pueda comerciar la droga ni consumirla en público, o en presencia de menores de edad.
Antes de esta sentencia, Cofepris seguía negando los permisos, por lo que era necesario promover un amparo para obtenerlos.
El Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar afirmó, luego de la votación, que hoy “es un día histórico para las libertades”.
A favor votaron Norma Piña, Alfredo Gutiérrez, Arturo Zaldívar, Fernando Franco, Margarita Ríos-Farjat, Juan Luis González, Javier Laynez, Luis María Aguilar.
En contra, Yasmín Esquivel, Alberto Pérez Dayán, Jorge Pardo.
Rechazan regular sobre el uso lúdico de cannabis
La Ministra Yasmín Esquivel rechazó que la Corte regule sobre el uso lúdico de mariguana, con el argumento de que se trata de una facultad del Congreso.
Junto con los Ministros Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo, Esquivel votó en contra del dictamen y dijo que el paso de una prohibición absoluta a un sistema de permisos individuales requiere de la ley estructurada por expertos, analizada y aprobada por el Congreso.
“A la Corte no le corresponde establecer políticas públicas en este tema porque escapa a la competencia de un Tribunal Constitucional”, consideró.
En su opinión, resulta riesgoso, sobre todo para los menores de edad, que en la expedición de los permisos los particulares sean los únicos vigilantes de que las niñas, niños y adolescentes no accedan a la mariguana, y que tampoco haya medidas para desincentivar su consumo entre los adultos, como sería imponer cargas tributarias a los consumidores.
Agencia Reforma