La familia de Ricardo Gallardo, Gobernador electo de San Luis Potosí, así como empresas y empresarios ligados a él adquirieron durante los últimos 10 años al menos 19 propiedades con un valor conjunto de 58.6 millones de pesos en operaciones que están bajo investigación federal debido a que no fueron reportadas al fisco.
Durante el mismo periodo, esas mismas personas vendieron 15 propiedades por un monto de 32.5 millones de pesos.
Ninguna de las transacciones de compra-venta coincide con sus declaraciones anuales registradas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que se desconoce el origen de los recursos con los que fueron realizadas.
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Además, Gallardo y su papá, Ricardo Gallardo Juárez, están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por armar una red de lavado y por saquear más de 734 millones de pesos de los municipios de Soledad de Graciano y San Luis Potosí, donde fueron alcaldes.
Sobre la adquisición de inmuebles, en 2016 por ejemplo, Gallardo Juárez adquirió un inmueble por 7.7 millones de pesos en la Colonia La Constancia, en Soledad de Graciano, a pesar de que ese año declaró ingresos solo por 1.6 millones de pesos.
En 2018, vendió un terreno urbano habitacional en la Colonia La Constancia por 17 millones de pesos a la empresa Servicios y Suministros de la Zona Media, sin embargo, en su declaración anual sólo reportó ingresos por 375 mil pesos.
María del Pilar Cardona Reynosa, madre del Gobernador electo, adquirió en 2016 una casa, junto con Ruth Miriam González Silva (esposa de Gallardo Cardona) por 6.6 millones de pesos en Privadas del Pedregal, San Luis Potosí.
Sin embargo, no hay registro de declaración anual de Cardona Reynosa en el ejercicio 2014, mientras que en los años siguientes reportó ingresos por cero pesos.
La red bajo investigación incluye a las hermanas del virtual Gobernador electo, Kimberly Guadalupe y Candy Araceli, quienes hicieron adquisiciones a su nombre que no corresponden con sus ingresos reportados.
En la indagatoria aparece además la empresa Tangamanga Andre S.A. de C.V. -cuyos accionistas son Ricardo Gallardo Cardona y su hermana Candy- mediante la cual se adquirieron cuatro propiedades con un valor conjunto de 25.2 millones de pesos entre 2014 y 2018.
En este mismo esquema se encuentran cinco accionistas de Grupo Axioma Kusuri, proveedora de los gobiernos de Gallardo.
Por ejemplo, Juan Carlos Negrete Ayala, quien además es director de Servicio Médico del Ayuntamiento de Soledad, adquirió en 2017 una casa por 3.3 millones, mientras que en 2017 vendió una casa por 1.8 millones.
Sin embargo, desde 2014 no ha presentado declaraciones anuales.
Archivó la Fiscalía fraude de Gallardo
La Fiscalía General de la República (FGR) archivó una investigación contra Gallardo luego de que consiguiera el fuero como diputado federal, al prescribir el plazo para perseguir una presunta defraudación fiscal de 7 millones de pesos.
En los últimos meses del sexenio de Enrique Peña Nieto, la entonces PGR solicitó dos veces la orden de aprehensión contra el potosino y nunca la consiguió, según constancias judiciales.
También tramitó en dos ocasiones la audiencia de imputación ante un juez de control de San Luis Potosí para buscar que fuera procesado por este expediente, pero tampoco consiguió que se llevaran a cabo las diligencias por distintos motivos.
Al final, el imputado obtuvo el fuero como diputado del PRD, y la nueva administración federal ya no buscó el juicio de procedencia. En septiembre de 2019 la SEIDO archivó la indagatoria al haber prescrito el delito.
A Gallardo le imputaron en esta causa penal un fraude fiscal de 7 millones 32 mil 76 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el año fiscal 2012.
Esta cantidad, según la PGR, derivó de que en aquel año obtuvo ingresos acumulables de 25 millones 204 mil 103 pesos y sólo declaró un millón 742 mil 259 pesos.
De acuerdo con información judicial, la PGR pidió la captura ante Juan de Dios Monreal Cuéllar, juez de distrito de la capital potosina, quien el 6 de diciembre de 2017 resolvió que no era competente para girar la aprehensión porque la indagatoria fue iniciada cuando ya estaba vigente el sistema acusatorio, motivo por el que envió el caso a un juez de control.
Después de resolverse un conflicto competencial entre jueces, el 15 de febrero de 2018, la PGR volvió a pedir la orden de captura, ahora a Rafael Saldaña Montiel, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de San Luis Potosí.
El mismo día Saldaña negó la captura, argumentando que no había por qué privarlo de su libertad para hacerlo comparecer (necesidad de cautela), razón por la que decidió citar a Gallardo a una audiencia de imputación que debía celebrarse el 8 de marzo de ese mismo año.
El hoy gobernador electo no se presentó a esa audiencia alegando motivos de salud, y para justificar su ausencia envió al juez un comprobante médico para acreditar que estaba enfermo de influenza.
Después de cancelar la audiencia de marzo de 2018, el juez la reprogramó para el 4 de abril, pero tampoco se llevó a cabo.
Esa vez se suspendió la diligencia porque una semana antes de su celebración, el 28 de marzo, el Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC) de la PGR informó al juez de control que había iniciado negociaciones de un acuerdo reparatorio con el imputado.
Es decir, aunque Gallardo informó a las autoridades que ya había realizado dos declaraciones fiscales complementarias, estaba dispuesto a pagar un presunto daño causado a la hacienda pública, a cambio de que fuera retirada la imputación penal.
Según las fuentes consultadas, la negociación con el OEMASC se alargó durante al menos seis meses sin llegar a nada, y durante ese periodo la SEIDO no volvió a judicializar el caso.
Durante ese periodo Gallardo se inscribió como candidato a diputado federal, cargo que en septiembre de 2018 le hizo conseguir el fuero.
Ya en la nueva Administración federal, la FGR no buscó su desafuero por este asunto, y en septiembre de 2019, la SEIDO acordó archivar la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAMSLP/0000157/2018 al haber prescrito el fraude al fisco.
Agencia Reforma